Unas 32 ONG reclamaron este jueves ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el Estado mexicano garantice los derechos de los migrantes, en una sesión en la que expusieron la situación de este colectivo en el país.

La CIDH celebró este jueves una audiencia virtual en la 32 organizaciones expusieron la situación de DD.HH. de las personas migrantes en México, informó el Centro Prodh.

En un comunicado, la organización explicó que durante la audiencia “se subrayó la militarización de fronteras y la política migratoria con participación tanto de las Fuerzas Armadas (FFAA) y de la Guardia Nacional (GN)”.

Además de la práctica sistemática de “devoluciones en caliente” o “pushbacks” que tiene como objetivo disuadir y criminalizar la migración y la búsqueda de protección internacional, también señalaron las violaciones a los DD.HH. de las personas migrantes derivadas de dichas prácticas y políticas.

“El despliegue de fuerzas militarizadas ha exacerbado los casos de uso ilegítimo de la fuerza contra personas migrantes”, coincidieron las organizaciones.

Las ONG también acusaron “la negativa sistemática” por parte del Instituto Nacional de Migración (INM) para el acceso de las personas con necesidades de protección internacional a los procedimientos de asilo en México y su expulsión en caliente por fronteras terrestres y áreas.

Esto, dijeron, deriva en la violación al principio de “no devolución”, práctica que resulta en otras violaciones a derechos humanos como detenciones ilegales, separación familiar y la falta de acceso a la justicia.

En su intervención, el representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Guillermo Fernández Maldonado, remarcó que los esfuerzos para garantizar una migración segura “se están viendo afectados con el despliegue de Fuerzas Armadas y otros cuerpos policiales”.

Subrayó que la Oficina en México “también ha documentado devoluciones en caliente, tanto en frontera como en estaciones migratorias, sin adecuadas garantías del debido proceso”.

Además, durante la audiencia se reiteró la solicitud hecha a la CIDH para que realice una visita a las fronteras de México “para presenciar y observar la situación de las personas migrantes y solicitantes de asilo, y el actuar de las autoridades”.

Al final, las organizaciones pidieron a la CIDH inste al Estado mexicano a designar las tareas de gestión migratoria únicamente a los órganos competentes de fuero civil y límite de manera inmediata la participación de las corporaciones militarizadas.

Además, de eliminar la práctica de perfilamiento racial, promover medidas específicas a fin de erradicar los actos de xenofobia y discriminación e investigar las denuncias sobre violaciones a derechos humanos cometidas en las Estaciones Migratorias, entre otras.

En su turno, los representantes del Estado mexicano dijeron contar con un marco normativo que estipula el resguardo de los derechos de las personas migrantes. Sin embargo, “no dieron respuesta respecto al enfoque militarizado bajo el que se atiende la migración”,

Desde octubre de 2018, y a pesar del endurecimiento de la vigilancia en la frontera sur de México, miles de migrantes de Centroamérica, Cuba y Haití, entran en el territorio mexicano con el objetivo de llegar a Estados Unidos.