La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tendrá a partir del 1 de septiembre una nueva integración con nueve ministros electos por voto popular, quienes iniciarán funciones con un reto mayúsculo: resolver más de mil 500 asuntos pendientes que dejan los ministros salientes.

De acuerdo con datos del máximo tribunal, hasta el 8 de agosto se acumulaban 1,507 expedientes sin resolver, entre los que destacan:

Impugnaciones constitucionales

Recursos de reclamación

Solicitudes de atracción

Procedimientos administrativos

Solo 382 de estos asuntos están listos para su análisis en el pleno, mientras que más de 1,200 requieren aún la elaboración de proyectos de resolución.

Última sesión y transición

El próximo 19 de agosto se celebrará la última sesión con la actual conformación de 11 ministros. Una vez concluido el periodo, todos los expedientes serán turnados a la Secretaría y Subsecretaría General de Acuerdos, así como a la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y Acciones de Inconstitucionalidad.

Por primera vez en la historia, los ministros fueron electos mediante voto popular el pasado 1 de junio, como parte de la reforma judicial aprobada en 2024. La nueva integración estará conformada por:

Hugo Aguilar, quien será presidente de la Corte por dos años (al haber sido el más votado)

Sara Irene Herrerías

Estela Ríos

Giovanni Figueroa

Arístides Guerrero

Irving Espinosa

Lenia Batres (reelecta)

Yasmín Esquivel (reelecta)

Loretta Ortiz (reelecta)

Caso clave: prisión preventiva oficiosa

Uno de los temas más relevantes que deberá resolver la nueva Corte es la acción de inconstitucionalidad 49/2021, presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que busca declarar inválidas diversas disposiciones legales que mantienen la prisión preventiva oficiosa.

Este debate incluye normas del Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley General en Materia de Delitos Electorales, la Ley de Desaparición Forzada, la Ley Federal de Armas de Fuego, entre otras.

Además, México enfrenta el incumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya condenó al Estado por mantener esta figura, considerada contraria a los estándares internacionales.

Con este arranque, la SCJN no solo estrena un modelo de elección popular para sus ministros, sino que también enfrentará temas de alto impacto en la justicia, los derechos humanos y el futuro del sistema legal en el país.