Motociclistas de reparto: trabajar sí, pero cumplir con las obligaciones también

De Política Alejandro Álvarez Manilla

En la Ciudad de México, los motociclistas de reparto se han convertido en una pieza fundamental de la actividad económica. Recorren calles y avenidas a cualquier hora, trasladan alimentos, mercancías y productos, y forman parte de una dinámica comercial que cada vez depende más de las entregas a domicilio. Sin embargo, detrás de esta actividad también existe una discusión que no puede seguir ignorándose: la resistencia de algunos conductores a regularizar sus unidades y realizar el reemplacamiento correspondiente a motocicletas destinadas al transporte de carga.

El problema no es que trabajen, tampoco que busquen ganarse la vida sobre dos ruedas. El verdadero cuestionamiento es por qué algunos pretenden desarrollar una actividad económica sin asumir las obligaciones que implica hacerlo dentro de la legalidad.

Quienes utilizan sus motocicletas para repartir mercancías y prestar servicios de entrega deben entender que no se trata únicamente de contar con un vehículo para circular. También existen disposiciones administrativas, fiscales y de movilidad que deben cumplirse. Si una motocicleta se utiliza con fines comerciales, es necesario revisar que su registro, placas y documentación correspondan a la modalidad que establece la autoridad.

Aquí surge una pregunta inevitable: ¿por qué algunos motociclistas se resisten a pagar los derechos correspondientes y regularizar sus unidades, mientras otros sectores económicos sí deben cumplir con sus obligaciones?

No se puede exigir orden en las calles cuando se rechazan las reglas que buscan establecerlo. Tampoco resulta congruente demandar mejores condiciones de movilidad, seguridad y servicios públicos mientras se pretende evadir las responsabilidades que corresponden a quienes participan en una actividad económica.

Es importante decirlo con claridad: los trabajadores de reparto también enfrentan jornadas extensas, ingresos variables, gastos de combustible, mantenimiento y riesgos constantes en las calles. Su situación merece atención y condiciones dignas. Pero reconocer esas dificultades no significa justificar el incumplimiento de las disposiciones legales.

La regularización vehicular no debe interpretarse exclusivamente como una medida recaudatoria. También debe formar parte de una estrategia para identificar las unidades que circulan, mantener actualizado el padrón vehicular y establecer condiciones claras para quienes utilizan sus motocicletas como herramientas de trabajo.

Por supuesto, las autoridades capitalinas también tienen una responsabilidad. Deben explicar con claridad cuáles son los requisitos, cuánto cuesta el trámite, qué motocicletas están obligadas a realizarlo y cuáles son las diferencias entre el uso particular y el destinado al transporte de carga. Además, es indispensable que existan procedimientos accesibles y proporcionales a la realidad económica de los trabajadores.

Pero la responsabilidad no puede recaer únicamente en el Gobierno. La legalidad no debe ser opcional ni estar sujeta a la conveniencia de cada persona. Si todos exigimos que los demás respeten las normas, también debemos estar dispuestos a cumplirlas.

La Ciudad de México necesita una movilidad más ordenada, un padrón vehicular confiable y actividades comerciales que se desarrollen bajo reglas claras. Los motociclistas de reparto tienen derecho a trabajar, a organizarse y a defender sus intereses, pero esos derechos también deben ir acompañados de obligaciones.

Porque una cosa es defender el derecho al trabajo y otra muy distinta pretender que ese derecho se convierta en una justificación para no cumplir con las disposiciones correspondientes.

Comparte