El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) de México, Lorenzo Córdova, dijo este domingo que el organismo a su cargo abrirá unas 57.000 mesas de votación en la consulta para juzgar a expresidentes, que se llevará a cabo el 1 de agosto.

Además, informó de que más de 287.000 personas organizarán las mesas de votación. Éstos se elegirán entre quienes aceptaron participar como funcionarios de casilla en las elecciones del pasado 6 de junio y serán capacitadas por 9.360 instructores.

En un vídeo publicado en las redes sociales, Córdova detalló que el INE inició este fin de semana los trabajos de campo para ubicar, invitar y capacitar “a quienes fungirán como funcionarios en las mesas en las que la ciudadanía podrá emitir su opinión” en esta consulta popular.

“Ese ejército ciudadano hará posible este ejercicio de democracia participativa (…) un ejercicio democrático inédito en el que el INE garantizará condiciones de legalidad, equidad, certeza y transparencia”, añadió.

Córdova señaló que, a pesar de que los tres Poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) “promoventes y convocantes de la consulta popular le negaron los recursos para llevarla a cabo”, el INE está en condiciones de organizar “el más amplio ejercicio de consulta ciudadana que se haya llevado a cabo en nuestra historia”.

El pasado martes, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, pidió a los ciudadanos votar en esta consulta pública, la primera en la historia del país para juzgar a los exmandatarios del “periodo neoliberal”.

“Yo no voy a participar en la consulta ni voy a votar por que se enjuicie a los presidentes, pero tampoco quiero pasar a la historia como tapadera, como alcahuete. Ahí está para que todos den a conocer su punto de vista, libremente”, declaró López Obrador en su rueda de prensa matituna.

Sus declaraciones se produjeron tras publicarse la semana pasada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la ley para realizar la consulta el 1 de agosto, con un periodo de difusión a partir del 15 de julio.

Aunque la pregunta original mencionaba por nombre y pedía indagar la “presunta comisión de delitos” de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018), la Suprema Corte cambió el cuestionamiento.

“¿Estás de acuerdo en que se lleven a cabo acciones con apego al marco legal para esclarecer las decisiones políticas tomadas en el pasado por los actores políticos y garantizar la justicia y derechos de las posibles víctimas?”, es la pregunta que avaló la Corte el pasado octubre.

El mandatario también criticó al Instituto Nacional Electoral (INE), que había rechazado organizar la consulta, con un montante estimado de 890 millones de pesos (unos 44,5 millones de dólares) con el argumento de que no hay presupuesto.