El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reconoció que enfrenta rezagos en el cumplimiento de sentencias de amparo que le obligan a implementar “ajustes razonables” para garantizar el acceso al servicio a personas con discapacidad. Actualmente, sólo las líneas 1 y 12 cuentan con infraestructura completa para recibir a usuarios con movilidad reducida o ceguera total o parcial.

Durante el cierre del Parlamento de las Personas con Discapacidad 2025 en el Congreso de la Ciudad de México, uno de los temas centrales fue el derecho a la movilidad y al acceso preferente al transporte público para personas con discapacidad.

En respuesta a un exhorto del Poder Legislativo, el STC admitió que aún no ha cumplido completamente con una sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 17 de noviembre de 2023. El fallo, derivado de una revisión de amparo, negó la petición de reservar el primer vagón exclusivamente para personas con discapacidad, pero sí reconoció omisiones por parte del organismo en cuanto a medidas que garanticen su ingreso autónomo al sistema.

El Metro indicó que trabaja en acciones de corto, mediano y largo plazo, y que revisará las condiciones actuales con participación directa de personas con discapacidad, con el objetivo de verificar si las medidas adoptadas son efectivas y permitir la solicitud de ajustes cuando las condiciones existentes no aseguren un acceso en igualdad de circunstancias.

Asimismo, el fallo judicial ordenó al STC establecer programas de concientización tanto al interior del organismo como hacia los usuarios, para garantizar el derecho a la accesibilidad, prevenir actos de discriminación y erradicar malos tratos hacia personas con discapacidad.

Durante el evento parlamentario, los participantes exhortaron al Congreso capitalino a retomar propuestas en materia de inclusión, empleo, salud, seguridad, justicia, educación, derechos humanos –incluidos los sexuales y reproductivos–, procesos electorales y movilidad.

“No venimos a pedir caridad, venimos a exigir justicia. Políticas públicas no como un favor, sino como un derecho”, expresaron en un pronunciamiento colectivo.