El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, pidió este lunes al Poder Judicial que “agilice” la liberación de presos sin sentencia, torturados, adultos mayores y enfermos graves, como demanda su decreto del 25 de agosto.

El mandatario anunció que gestionará con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, y el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, para cumplir con la excarcelación, que él había prometido para antes del 15 de septiembre.

“Se va a hablar con el presidente de la Corte, se va a hablar con el fiscal con el propósito que se agilicen los trámites, que se liberen a muchas personas”, indicó en su rueda de prensa matutina sin detallar cuántos presos se han beneficiado hasta ahora de la medida federal.

El presidente se refirió al decreto que publicó en el “Diario Oficial de la Federación”, que ordena un comité para excarcelar a adultos mayores de 75 años, adultos mayores de 65 años con enfermedades crónicas, presos con 10 años sin sentencia y torturados.

El mandatario justificó hace unas semanas la medida al señalar que de las más de 220.000 personas que hay en las cárceles, el 43 % no tienen sentencia, lo que equivale a cerca de 125.500.

“Quienes no tienen sentencia desde hace muchísimos años, quienes están enfermos, que eso es muy lamentable, personas grandes, enfermos, que deberían ser liberados. Y quienes se han demostrado que fueron torturados”, expuso López Obrador sobre los potenciales beneficiarios.

Casi una veintena de gobernadores estatales, incluyendo a la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunciaron que se sumarían con un decreto propio que se aplique para delitos de competencia local.

“Ya lo están haciendo gobiernos estatales. Tomó el modelo, la decisión, la jefa de Gobierno de Ciudad de México, y ya nos ganó, y ya liberó como a 40 detenidos injustamente, y va a liberar a más en los próximos días, según nos informó”, indicó el presidente.

Pese a las promesas del mandatario, defensores de los derechos humanos y familiares de detenidos han cuestionado la tardanza en la liberación de los reclusos.

Varias asociaciones también han denunciado que el decreto federal se queda corto porque crea un comité entre la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), pero solo pide aplicar las leyes existentes.

López Obrador adjudicó la tardanza a la burocracia del Gobierno y el Poder Judicial, por lo que prometió que los titulares de Segob, Adán Augusto López, y de la SSPC, Rosa Icela Rodríguez, informarán este martes sobre los avances.

“Hay muchos trámites que nosotros también padecemos, por eso hablé desde el principio que había que levantar al elefante que encontramos echado, un elefante mañoso, reumático”, argumentó.