El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, negó este jueves que exista “venganza” contra Rosario Robles, secretaria de Desarrollo durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), en prisión preventiva desde hace más de dos años acusada de corrupción.

El mandatario expresó que correspondió al Poder Judicial la decisión de mantener en la cárcel a Robles, quien el miércoles tuvo una audiencia en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México, donde el juez rechazó liberarla porque “prevalece un elevado riesgo de fuga”.

“Es una decisión del Poder Judicial, de los jueces, de ellos depende, y por lo que corresponde al Ejecutivo no hay ninguna venganza. Nosotros no hacemos eso, eso es inmoral, es indigno, eso le resta a cualquiera autoridad y para nosotros lo más importante es la autoridad moral”, manifestó.

Robles, que fue secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (2015-2018) y de Desarrollo Social (2012-2018), está acusada de permitir el desvío público de más de 5.000 millones de pesos (247 millones de dólares) a través de universidades y empresas fantasma en el caso conocido como la Estafa Maestra.

En el gobierno de López Obrador, la Fiscalía General de la República (FGR) logró en 2019 que un juez impusiera prisión preventiva a Robles en el penal femenino de Santa Martha, en el oriente de Ciudad de México, por riesgo de fuga de la acusada, quien habría intentado ocultar un domicilio.

La exsecretaria, quien ha denunciado persecución política de López Obrador, consiguió un amparo el 7 de octubre por parte de un tribunal federal colegiado que consideró que la prisión preventiva impuesta en agosto de 2019 era excesiva, pero el juez no lo avaló en su audiencia del miércoles.

“De parte del Ejecutivo no hay persecución a nadie, no se denuncia a nadie por consigna política y estos asuntos los trata en primera instancia la Fiscalía, que es un poder autónomo, y luego el Poder Judicial”, indicó López Obrador.

Aun así, a pregunta expresa de una periodista, el presidente recomendó recomendó revisar la actuación de los jueces y pedir la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

“En el caso de Rosario Robles, es un asunto del Poder Judicial, es el que resuelve. Y si el juez recibió una orden o actuó por consigna, debería ser sancionado porque los jueces tienen que actuar con autonomía”, opinó.