La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia de la desaparición de los 43 estudiantes mexicanos de Ayotzinapa presentó este jueves un informe preliminar en el que se sostiene que fue “un crimen de Estado” y que no hay indicios de que los jóvenes estén con vida.

“No hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentran con vida; por el contrario, todos los testimonios y evidencias acreditan que estos fueron arteramente ultimados y desaparecidos”, dijo Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno mexicano, en conferencia de prensa, información que calificó como “una triste realidad”.

CRIMEN DE ESTADO

El informe de la Secretaría de Gobernación (Segob) de México, que fue entregado a los familiares de los estudiantes desaparecidos el 26 de 2014 en el estado de Guerrero, en el Pacífico, establece, como primera conclusión, que los hechos fueron “un crimen de Estado” en el que estuvieron involucradas autoridades de todos los niveles.

Además, el informe arrojó que en la desaparición de los 43 estudiantes colaboraron criminales del cártel Guerreros Unidos.

Establece que distintas dependencias mexicanas hicieron caso omiso y fueron negligentes en cuanto a la alteración de hechos para establecer la “verdad histórica”, así como que tuvieron conocimiento de todo lo sucedido.

Además, el subsecretario aseguró que “hay problemas en el poder judicial”, corrupción y omisiones dentro de la investigación judicial y de la llamada “verdad histórica”, que fue la primera versión dada por la administración del entonces presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Encinas dijo que muestra de ello fue la libertad que otorgó un juez mexicano a una de las personas implicadas por 10.000 pesos (unos 497 dólares).

EXPRESIDENTE PEÑA FUERA DEL OBJETIVO

Aunque el alto cargo no quiso adentrarse a los detalles de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía General de la República (FGR), negó que el expresidente Peña Nieto se encuentre entre los funcionarios objetivo de dicha instancia.

También dijo que el extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) Tomás Zerón se encuentra en Israel, y que desde una reunión de febrero pasado se negó a colaborar con las autoridades mexicanas como testigo, por lo que continúan los trámites para su extradición a México.

Zerón es investigado por autoridades judiciales mexicanas por presuntas torturas para confirmar la entonces “verdad histórica” presentada por el Gobierno mexicano en 2015.

SIN INDICIOS DE QUE LOS 43 ESTUDIANTES ESTÉN CON VIDA

Encinas reconoció que no hay indicios de que los 43 estudiantes estén vivos y sostuvo que “nunca estuvieron juntos”, desde que se separaron en la estación de autobuses de Iguala.

Asimismo, el informe establece que hubo un soldado infiltrado, Julio César López Patolzin, que habría ayudado presuntamente a localizar a los estudiantes y que desapareció con ellos.

Gracias a él, “todas las autoridades federales, estatales y municipales estuvieron informadas” de los movimientos de los 43 jóvenes, de lo hablado en las asambleas y de sus planes, declaró el subsecretario.

Sin embargo, aclaró que el soldado nunca fue buscado a través del protocolo de búsqueda de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), lo que pudo ayudar a encontrarlo junto con los estudiantes mexicanos.

ORDENAN SU DESAPARICIÓN Y DESCARTAN QUE SE ENCONTRARAN SUS CUERPOS EN UN BASURERO EN JALISCO

“Al filo de las 22:45 horas del 26 de septiembre de 2014, tras los hechos de violencia y persecución, se dio la orden de desaparecer a los estudiantes”, se lee en una de las conclusiones del informe de la Segob.

Las conclusiones también confirman una vez más la identificación de restos óseos de tres de los 43 estudiantes.

Por último, se reafirmó que los estudiantes nunca estuvieron en el basurero de Cocula, Jalisco, en el bajío mexicano, explicación sostenida en la “versión histórica” de 2015.