De Política Alejandro Álvarez Manilla

La cancelación de la visa estadounidense de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, ha desatado una tormenta política que va mucho más allá de un simple documento migratorio. En cuestión de horas, el caso pasó de ser un asunto personal a convertirse en una nueva batalla discursiva entre México y Estados Unidos, con la soberanía nacional como bandera y la defensa de un personaje políticamente incómodo como telón de fondo.

López Beltrán confirmó que Estados Unidos revocó su visa y acusó al secretario de Estado, Marco Rubio, y al subsecretario Christopher Landau de actuar por motivos políticos. Afirmó que no existe evidencia de que haya cometido algún delito y cuestionó directamente al presidente Donald Trump sobre si estaba enterado de la decisión.

La respuesta del gobierno mexicano no tardó. La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó la medida y sostuvo que, si existen acusaciones contra López Beltrán, deberían presentarse pruebas. Al mismo tiempo, señaló que una visa no determina el valor de una persona y defendió el principio de soberanía frente a cualquier intento de injerencia extranjera.

Hasta ahí, la defensa parece razonable: ningún gobierno extranjero debería utilizar medidas administrativas para fabricar culpables, y nadie debería ser considerado responsable de un delito sin pruebas. Pero el problema comienza cuando la defensa de un principio legítimo se convierte en la defensa automática de una persona.

Una cosa es cuestionar la decisión de Washington y otra muy distinta es convertir a López Beltrán en una especie de símbolo de la soberanía nacional. El hecho de que sea hijo de un expresidente y dirigente de Morena no debería convertirlo ni en víctima automática ni en culpable automático. Precisamente ahí debería comenzar una discusión seria.

La propia Embajada de Estados Unidos ha sostenido que las visas pueden ser revocadas cuando existen razones para hacerlo, sin importar el estatus político o las afiliaciones del titular, aunque los expedientes migratorios son confidenciales y Washington no ha hecho públicos los motivos específicos en este caso.

Ese punto resulta fundamental. Si Estados Unidos tiene información que sustenta una decisión de esta naturaleza, corresponde a sus autoridades asumir la responsabilidad de sus actos. Pero también es válido preguntarse por qué una decisión de tal impacto político se mantiene rodeada de opacidad. Si no existe una acusación penal, ¿por qué no explicar al menos los criterios generales que llevaron a la revocación? Y si existen elementos relacionados con seguridad o posibles actividades ilícitas, ¿por qué no presentarlos ante las autoridades correspondientes?

La ausencia de información alimenta inevitablemente la especulación.

Pero también sería un error que desde México se utilizara esa falta de información para declarar inocente a López Beltrán de cualquier cuestionamiento. Una visa cancelada no constituye una sentencia judicial, pero tampoco es un reconocimiento de inocencia. De hecho, legisladores de Morena y Movimiento Ciudadano han coincidido en que la revocación de una visa, por sí misma, no significa que exista un delito, una investigación judicial o una sentencia.

Ese debería ser el punto de partida de cualquier análisis responsable.

El problema adicional es político. López Beltrán no es un ciudadano completamente ajeno a la vida pública. Fue secretario de Organización de Morena y ha sido identificado como una pieza importante dentro de la estructura política del partido, además de que su nombre ha sido relacionado con las aspiraciones electorales de 2027. Y es aspirante a una diputación en Tabasco.

Por eso resulta difícil separar completamente el caso de la política mexicana.

Morena ha respondido denunciando una posible injerencia de Washington y convocando a la defensa de la soberanía.  La narrativa es políticamente poderosa: un gobierno extranjero que presiona a México y utiliza a uno de los hijos del fundador de la llamada Cuarta Transformación como instrumento de presión.

Pero aquí hay una pregunta incómoda: ¿realmente defender la soberanía significa cerrar filas alrededor de un personaje político, o significa exigir transparencia tanto a Estados Unidos como a las autoridades mexicanas?

La segunda opción parece mucho más saludable para una democracia.

México no necesita que Washington decida quiénes son buenos o malos políticos mexicanos. Pero tampoco necesita que el gobierno mexicano responda automáticamente que todo cuestionamiento proveniente de Estados Unidos constituye una conspiración o un acto de intervencionismo.

La defensa de la soberanía no debería convertirse en un escudo contra la rendición de cuentas.

Y tampoco debería confundirse con nacionalismo de ocasión.

Si López Beltrán considera injusta la decisión, tiene todo el derecho de cuestionarla y solicitar una explicación. Si Estados Unidos considera que existen razones para revocar su visa, tiene la responsabilidad de actuar conforme a sus propias leyes y asumir las consecuencias diplomáticas de una decisión que inevitablemente tendrá una lectura política.

Lo que no resulta conveniente es utilizar el caso para alimentar una nueva guerra entre simpatizantes y adversarios de López Obrador.

Porque mientras unos presentan a Andy como víctima del imperialismo estadounidense, otros parecen celebrar la cancelación de su visa como si se tratara de una sentencia judicial. Ambas posiciones son excesivas.

Una visa no demuestra culpabilidad. Pero tampoco demuestra inocencia.

Y una acusación política tampoco puede sustituir una investigación.

El gobierno de México debería mantener una postura firme, pero institucional: defender la soberanía, exigir respeto y pedir claridad, sin convertir la protección de un ciudadano en una defensa partidista. Del otro lado, Estados Unidos debería entender que las decisiones migratorias dirigidas contra personajes políticamente relevantes tienen consecuencias diplomáticas y que la opacidad solamente incrementa las sospechas.

Al final, quizá la pregunta más importante no sea por qué le quitaron la visa a Andy, sino por qué México y Estados Unidos permiten que un trámite migratorio se convierta en una nueva batalla política entre ambos países.

La soberanía se defiende con instituciones fuertes, transparencia y Estado de derecho. No con consignas.

Y la justicia tampoco puede depender de simpatías políticas.

Si existen pruebas contra López Beltrán, que se conozcan y que se actúe conforme a derecho. Si no existen, Estados Unidos debería explicar por qué tomó una decisión que inevitablemente parece política. Mientras tanto, México haría bien en defender a sus ciudadanos sin convertir esa defensa en una absolución anticipada.

Porque en una democracia, defender a una persona no significa dejar de hacer preguntas sobre ella.