De Política Alejandro Álvarez Manilla
En Morena descubrieron una vieja fórmula de la política mexicana: la disciplina depende de quién se siente en el banquillo.
A dos diputadas les suspendieron sus derechos partidistas por declaraciones que el partido consideró ofensivas hacia las personas adultas mayores. El mensaje fue rápido y contundente: quien se salga de la línea puede ser castigado.
Hasta ahí, podría parecer que Morena está decidido a poner orden en casa.
El problema aparece cuando uno voltea hacia Sinaloa.
Porque mientras Nayeli Salvatori y Graciela Palomares enfrentan una sanción partidista, el caso de Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza y otros personajes de la política sinaloense recibe un tratamiento mucho más cuidadoso, casi quirúrgico: hay que esperar, dicen, a que existan pruebas, a que concluya la investigación, a que la fiscalía general de la República determine lo conducente.
El debido proceso, por supuesto, debe respetarse.
Pero aquí surge la pregunta incómoda: ¿por qué el debido proceso parece tener velocidades distintas dentro de Morena?
Una cosa es sancionar una conducta política o una declaración desafortunada conforme a los estatutos del partido. Otra muy distinta es enfrentar señalamientos de autoridades de Estados Unidos sobre presuntos vínculos con organizaciones criminales.
En el primer caso, Morena actúa.
En el segundo, Morena espera.
Y espera.
Y espera.
Mientras tanto, el partido parece administrar el escándalo como si se tratara de una crisis de comunicación y no de un asunto que puede tocar uno de los nervios más sensibles de la política mexicana: la relación entre poder público y crimen organizado.
Nadie está diciendo que Rocha Moya o cualquier otro señalado deba ser declarado culpable sin una sentencia. Eso sería absurdo y contrario a cualquier principio jurídico.
Pero tampoco es razonable pretender que una acusación de esta naturaleza puede tratarse como si fuera un simple rumor de redes sociales.
Estados Unidos ha hecho señalamientos graves. Los involucrados los han rechazado. Las autoridades mexicanas han planteado que se requieren elementos adicionales. Perfecto.
Que investiguen.
Que presenten pruebas.
Que se llegue hasta las últimas consecuencias.
Pero que Morena no pretenda que la sociedad cierre los ojos mientras espera.
Porque la política también tiene responsabilidades que van más allá de los tribunales.
Un partido que presume honestidad, combate a la corrupción y separación del poder político de los intereses criminales debería ser el primero en exigir explicaciones a sus propios militantes cuando existen acusaciones de semejante calibre.
No tendría que esperar a que Washington le marque la agenda.
Tampoco debería refugiarse en el argumento de que “no hay pruebas suficientes” para deslindarse políticamente de un asunto que ya alcanzó dimensión internacional.
No se trata de condenar. Se trata de exigir cuentas.
Y ahí es donde Morena empieza a tropezar con su propio discurso.
Porque si la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia tiene capacidad para revisar declaraciones, conductas y expresiones de legisladores, también debería existir una discusión seria sobre qué ocurre cuando un militante, gobernador o senador aparece relacionado públicamente con señalamientos de una gravedad mucho mayor.
¿Dónde están los procedimientos?
¿Dónde está la Comisión de Honestidad?
¿Dónde están los llamados a rendir cuentas?
¿Dónde está esa famosa transformación de la vida pública?
La paradoja resulta evidente.
Morena puede ser implacable con una diputada por una frase desafortunada, pero cuidadoso hasta la exasperación cuando se trata de figuras con poder territorial, estructura política y capacidad de influencia.
Y eso alimenta una sospecha que el partido debería tener especial interés en disipar: que en Morena la honestidad también tiene jerarquías.
Los estatutos pueden decir una cosa, pero la política cotidiana puede terminar diciendo otra.
A los pequeños se les aplica el reglamento.
A los grandes se les aplica la prudencia.
A los incómodos, la sanción.
A los poderosos, el beneficio de la duda.
No hay que ser politólogo para entender lo que eso provoca en la opinión pública.
El problema no es que Morena respete la presunción de inocencia de Rocha Moya, Inzunza y los demás señalados. Eso es correcto.
El problema sería que la presunción de inocencia se convierta en una coartada política para no investigar, no exigir explicaciones y no asumir costos.
Porque hay una diferencia enorme entre decir “no son culpables” y decir “no tenemos nada que preguntar”.
Y Morena debería tener muchas preguntas.
Sobre todo, porque durante años construyó buena parte de su legitimidad política denunciando la corrupción, el abuso de poder y la complicidad entre autoridades y grupos de interés.
Ahora tiene la oportunidad de demostrar que sus principios no dependen de quién sea el acusado.
Si las investigaciones exoneran a Rocha Moya y a los demás señalados, Morena podrá decir que actuó correctamente al no prejuzgar.
Pero si aparecen pruebas que acrediten responsabilidades, el partido tendrá que explicar por qué fue mucho más rápido para sancionar a dos diputadas que para tomar distancia de personajes envueltos en acusaciones de una gravedad infinitamente mayor.
Ahí estará la verdadera prueba.
Porque gobernar no consiste solamente en ganar elecciones.
Y transformar un régimen tampoco consiste en cambiar de partido a los funcionarios que ocupan los cargos.
La verdadera transformación se mide cuando el poder propio también está dispuesto a rendir cuentas.
Por eso el asunto de fondo no son Salvatori ni Palomares.
Tampoco se trata únicamente de Rocha Moya.
El verdadero tema es la vara con la que Morena mide a los suyos.
Porque cuando la vara se estira para unos y se encoge para otros, deja de ser una regla y se convierte en privilegio.
Y si algo debería saber Morena, después de haber construido su discurso político precisamente contra los privilegios, es que no hay peor contradicción que terminar haciendo exactamente aquello que durante años se prometió combatir.
Claro. Lo plantearía como una columna de opinión crítica, pero cuidando una distinción importante: las acusaciones de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza y otros funcionarios son señalamientos y procesos de autoridades estadounidenses, no una sentencia mexicana firme. Precisamente esa diferencia permite construir el argumento sobre el doble rasero de Morena.
