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La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtió que el Gobierno de El Salvador socava la libertad de expresión y prensa de forma “sistemática”, de acuerdo con un informe preliminar que debe ser aprobado este domingo por la Comisión de Libertad de Prensa en la Asamblea. “Las libertades de expresión y de prensa, la transparencia y […]
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtió que el Gobierno de El Salvador socava la libertad de expresión y prensa de forma “sistemática”, de acuerdo con un informe preliminar que debe ser aprobado este domingo por la Comisión de Libertad de Prensa en la Asamblea.
“Las libertades de expresión y de prensa, la transparencia y el derecho al acceso de los ciudadanos a la información pública, siguieron siendo socavados en forma progresiva por el gobierno y sus entidades”, indicó en el documento.
Detalló que la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) registró al menos “266 agresiones en contra del ejercicio periodístico dentro del marco del régimen de excepción que limita los derechos constitucionales y judiciales”, y que está vigente desde marzo de 2022.
“El mayor número de agresiones consiste en declaraciones estigmatizantes del presidente Nayib Bukele y funcionarios o aliados del oficialismo, así como casos de acoso judicial y restricciones a periodistas”, acotó.
Sostuvo que “uno de los hechos más significativos” fue la detención por casi un año del periodista comunitario Víctor Horacio Echeverría Barahona, de 55 años, quien fue liberado el 19 de mayo, después de haber sido encarcelado el 7 de julio de 2022.
“Barahona fue detenido tras entrevistar a un dirigente de vendedores informales. Denunció que sufrió tortura psicológica, no recibió atención médica oportuna para tratar su hipertensión, lo cual lo puso al borde de la muerte”, relató la SIP.
También, periodistas de El Diario de Hoy y de otros medios “fueron amenazados con ir a prisión, una práctica cotidiana del gobierno para intimidar a la prensa”.
En todos los casos los uniformados tomaron fotos de los documentos y credenciales de los periodistas sin explicar la razón.
La SIP sostuvo que El Diario de Hoy y uno de sus periodistas “han sido demandados por un total de 10 millones de dólares en una acción promovida por un familiar de un alto funcionario del Gobierno”.
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