El consejo presidente, Lorenzo Córdova, puntualizó que el proyecto aprobado no significa una cancelación, sino que se posponen algunas acciones previstas en los lineamientos, calendarios y programas aprobados por el Consejo General, en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelve el fondo de la Controversia Constitucional que interpusieron el 7 de diciembre.

La acción promovida por el INE fue contra el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) por la falta de aprobación de cuatro mil 913 millones de pesos solicitados para realizar la consulta popular y la revocación de mandato.

Este suspensión, detalló Córdova, será hasta que las autoridades competentes fondeen a este Instituto de los recursos necesarios, o bien se le instruya, que, a partir de enero se haga un esfuerzo adicional para generar economías para a fondear la bolsa para llevar a cabo la revocación de mandato.

 “Que quede muy claro: no se trata de una suspensión del proceso o de una negativa a cumplir con las obligaciones constitucionales del INE. Se trata de un acuerdo que busca dotar de certeza plena a este ejercicio inédito de participación ciudadana”, insistió el consejero presidente.

El acuerdo aprobado estipula qué se continuará avanzando en la revisión de las firmas de apoyo para la realización de la revocación de mandata y que están llegando por vía de la aplicación o en formatos físicos.

Al no haber aún certeza si se cumple con el requisito de tener al menos 3% de apoyo de los ciudadanos inscritos en la lista nominal, la SCJN no puede pronunciarse sobre la suspensión de los efectos presupuestarios, porque no existe todavía afectación al INE.

“Desde antes incluso, de la aprobación y la publicación de la Ley Federal de Revocación de Mandato, el INE ha aprobado lineamientos, adoptado medidas y destinando recursos de su presupuesto de este año para garantizar el derecho de la ciudadanía a participar en este ejercicio de democracia directa. Quien diga lo contrario, simple y sencillamente miente.

“Hoy no es el INE el que pone en riesgo la celebración de una eventual revocación de mandato, sino quienes tomaron la decisión política de negar los recursos que se requieren para que este proceso se lleve a cabo con todas las garantías de legalidad y certeza, y que se convierta efectivamente en un ejercicio de pedagogía pública útil para la ciudadanía”, señaló Córdova.

Dijo que todo indica que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere que se lleve a cabo el ejercicio de revocación de mandato, si se llega al 3% significará que la ciudadanía así lo quiere y el INE en consecuencia también, pero desean hacerla conforme a la ley y las condiciones presupuestales los colocan en una imposibilidad.