De Política Alejandro Álvarez Manilla
El Instituto Nacional Electoral (INE) enfrenta un conflicto que va mucho más allá de una disputa salarial. El posible paro de miles de trabajadores de los Módulos de Atención Ciudadana exhibe una contradicción preocupante dentro de una de las instituciones fundamentales de la democracia mexicana: mientras quienes atienden directamente a millones de ciudadanos denuncian salarios insuficientes y condiciones laborales precarias, las acusaciones sobre presuntas irregularidades en el manejo de recursos y contratos siguen alimentando cuestionamientos sobre la transparencia institucional.
La inconformidad de los trabajadores no es un asunto menor. Se trata del personal que diariamente recibe a los ciudadanos, toma sus fotografías, registra sus huellas digitales, actualiza sus datos y realiza los trámites necesarios para obtener la credencial para votar. Son, literalmente, el rostro del INE ante la sociedad.
Sin embargo, de acuerdo con testimonios difundidos por trabajadores y reportes periodísticos, algunos de estos empleados perciben alrededor de 9 mil 500 pesos mensuales, cantidad que consideran insuficiente frente a sus responsabilidades, jornadas laborales y exigencias operativas. Entre sus demandas se encuentran una nivelación salarial, mejores prestaciones, horarios justos, equipo adecuado e instalaciones dignas.
La pregunta es inevitable: ¿cómo puede una institución que administra recursos millonarios y tiene la responsabilidad de organizar los procesos electorales más importantes del país mantener en condiciones de precariedad a quienes realizan una de sus tareas más sensibles?
El problema adquiere mayor dimensión cuando las inconformidades laborales coinciden con señalamientos públicos sobre presuntos actos de corrupción, favoritismos y posibles irregularidades en la contratación de proveedores. Estas acusaciones deben investigarse y esclarecerse con documentos, auditorías y responsabilidades concretas. No basta con negar los señalamientos ni con ofrecer discursos de transparencia: la ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se gasta cada peso del presupuesto electoral.
La transparencia no puede ser una exigencia únicamente para los partidos políticos, los candidatos o los gobiernos. También debe aplicarse dentro del propio organismo encargado de garantizar elecciones libres y confiables.
Pero mientras las disputas administrativas y los cuestionamientos sobre el manejo de recursos ocupan los espacios de discusión, los trabajadores de los módulos siguen esperando respuestas concretas. El Instituto Nacional Electoral reconoció la legitimidad de sus preocupaciones y anunció que analiza alternativas para mejorar sus condiciones laborales. No obstante, el diálogo pierde credibilidad cuando no viene acompañado de compromisos, plazos y soluciones verificables.
Y aquí aparece el verdadero riesgo: México se aproxima a una de las jornadas electorales de mayor magnitud de su historia reciente.
El próximo 6 de junio de 2027 se celebrarán elecciones federales concurrentes con procesos locales en las 32 entidades del país. Se renovarán las 500 diputaciones federales y se elegirán miles de cargos locales, entre ellos gubernaturas, diputaciones y autoridades municipales. El propio INE contempla una elección de más de 19 mil cargos de representación popular.
Estamos hablando de una operación electoral de enorme complejidad, que requerirá personal capacitado, infraestructura funcional, coordinación institucional y, sobre todo, confianza ciudadana.
¿Qué ocurrirá si el conflicto laboral se prolonga? ¿Qué pasará si los módulos suspenden actividades durante semanas o si los trabajadores deciden mantener sus protestas en pleno proceso de credencialización?
Las consecuencias podrían ir más allá de las molestias para quienes necesitan renovar, reponer o actualizar su credencial de elector. Una interrupción prolongada de los servicios podría generar retrasos en los trámites, saturación de los módulos, dificultades para actualizar los datos de la ciudadanía y complicaciones administrativas en la preparación de la Lista Nominal de Electores.
Es importante aclarar que un paro de trabajadores no significa automáticamente que la elección vaya a suspenderse o que millones de personas perderán su derecho al voto. El INE cuenta con mecanismos y calendarios de organización electoral. Sin embargo, debilitar la operación cotidiana de sus módulos representa un riesgo que no debería minimizarse, especialmente cuando se acerca una elección de semejante dimensión.
La credencial para votar no es solamente una identificación oficial. Es la llave de acceso al ejercicio de uno de los derechos fundamentales de la democracia. Detrás de cada trámite hay una persona que necesita ejercer sus derechos y espera que una institución pública le brinde un servicio eficiente y digno.
Por eso, resulta contradictorio que quienes tienen la responsabilidad de garantizar ese derecho trabajen bajo condiciones que consideran injustas. No se puede exigir compromiso, profesionalismo y resultados a los trabajadores mientras se postergan indefinidamente sus demandas más elementales.
El conflicto también plantea una responsabilidad para los consejeros electorales y los mandos administrativos del Instituto: demostrar que los recursos públicos se ejercen con transparencia, que las prioridades presupuestales responden a las necesidades institucionales y que no existen privilegios injustificados en las estructuras directivas.
Si hubo corrupción, debe investigarse y sancionarse. Si existieron contratos irregulares, deben hacerse públicos sus expedientes y determinarse las responsabilidades correspondientes. Y si los salarios del personal operativo son insuficientes, debe existir una propuesta seria para corregir esa desigualdad.
La democracia no se construye únicamente con consejeros, discursos, sesiones y edificios institucionales. También se construye con trabajadores que abren los módulos todos los días, atienden a la población y hacen posible que millones de mexicanos cuenten con una credencial para votar.
El INE todavía está a tiempo de resolver este conflicto, pero necesita pasar de las declaraciones a los hechos. Los trabajadores merecen condiciones laborales dignas y la ciudadanía merece una institución transparente, eficiente y capaz de cumplir sus responsabilidades.
Porque sería una grave contradicción que, mientras México se prepara para una de las elecciones más grandes de su historia, la institución responsable de organizarla llegue debilitada por conflictos internos, desigualdad laboral y cuestionamientos sobre el manejo de sus recursos.
La democracia mexicana no puede depender de trabajadores mal pagados ni sostenerse sobre instituciones que no sean capaces de rendir cuentas. Si el INE quiere exigir confianza a los ciudadanos en 2027, primero debe demostrar que sabe hacer justicia dentro de su propia casa.
