La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) anticipó que realizará ajustes a los lineamientos generales para la protección de los derechos de las audiencias, los cuales defendió como una herramienta para distinguir entre los contenidos informativos y la publicidad.
Durante el foro Libertad editorial, regulación y derechos de las audiencias, convocado por la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados, el secretario ejecutivo de la CRT, Enrique Pavón Baños, reconoció que uno de los principales puntos de debate es el régimen de sanciones para las estaciones que incumplan con las disposiciones.
El funcionario explicó que las sanciones son precisamente uno de los aspectos que permanecen pendientes dentro del proceso de revisión de los lineamientos.
Durante el encuentro, Adriana Labardini Inzunza, coordinadora para América Latina de Rhizomatica, organización que apoya a comunidades en el desarrollo de infraestructura propia de telecomunicaciones y energía, cuestionó las sanciones previstas para los concesionarios que no atiendan las recomendaciones de los defensores de las audiencias.
Labardini señaló que establecer multas de entre 0.1 y 1 por ciento de los ingresos de los concesionarios podría contravenir la fracción II del artículo 295 de la Ley en Materia de Comunicaciones y Radiodifusión, al considerar que dicho artículo únicamente contempla sanciones económicas por no designar a un defensor de las audiencias o por no contar con códigos de ética.
La especialista también advirtió que los lineamientos podrían afectar de manera generalizada a los medios de comunicación, sin considerar las diferencias entre las concesiones comerciales y las de carácter social, comunitario e indígena.
En este sentido, sostuvo que las radios comunitarias e indígenas deberían recibir un tratamiento diferenciado, debido a que operan bajo un régimen distinto y sin fines de lucro. Añadió que imponerles las mismas obligaciones que a los medios comerciales podría vulnerar el derecho constitucional a la autonomía de los pueblos indígenas.
Por su parte, Salomón Pádilla, vicepresidente de la Asociación de Telecomunicaciones Independientes de México, consideró que, aunque existen casos en los que las empresas no distinguen adecuadamente entre información y publicidad, los medios de comunicación y especialistas debieron ser consultados antes de elaborar los lineamientos.
El representante empresarial reconoció que existen aspectos susceptibles de mejorar y llamó a buscar mecanismos de diálogo entre autoridades y medios para encontrar soluciones.
Sin embargo, cuestionó la forma en que se llevó a cabo el proceso y sostuvo que los lineamientos podrían generar un efecto de autocensura entre los medios de comunicación.
“Efectivamente no hay censura en estos lineamientos, pero sí hay autocensura, que es muy diferente”, afirmó, al considerar que las disposiciones podrían llevar a los medios a limitar sus contenidos ante el temor de posibles sanciones.
