La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría mexicana de Hacienda, informó este lunes que impugnó la exoneración de José Luis Vargas, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), acusado de corrupción.

La dependencia cuestionó que la Fiscalía General de la República (FGR) exonere a Vargas, denunciado por la UIF en 2020 por enriquecimiento ilícito superior a los 36 millones de pesos (unos 18 millones de dólares).

“Respecto al caso de José Luis ‘N’, esta unidad ya presentó un recurso de inconformidad, misma que fue admitida, y también presentó una nueva denuncia el 22 de junio del presente año contra de 6 personas, 2 físicas y 4 morales”, informó el organismo en un comunicado.

El pronunciamiento se produce tras reportarse en el periódico Reforma que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción cerró la carpeta de investigación contra Vargas el pasado 15 de junio.

La UIF presentó la denuncia en 2020 tras encontrarle gastos de 36,7 millones de pesos (más de 1,8 millones de dólares) de 2013 a la fecha pese a haber declarado en ese periodo un ingreso de 16,7 millones de pesos (835.000 dólares).

El magistrado declaró en diciembre pasado ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción porque la UIF detectó compras de propiedades en zonas de lujo de Ciudad de México, Estado de México y Miami.

“José Luis ‘N’, un familiar y personas físicas y morales operan instrumentos financieros y corporativos, donde se identificaron diversos depósitos en las cuentas bancarias de un familiar, mismos que no guardan relación directa con lo declarado ante la autoridad”, reiteró este lunes la UIF.

El caso ha cobrado relevancia porque el jurista llegó en 2016 a la Sala Superior del TEPJF nominado por el entonces mandatario, Enrique Peña Nieto (2012-2018), y en noviembre pasado se convirtió en presidente del Tribunal Electoral.

La oposición ha acusado al magistrado de estar sesgado a favor del partido en el poder en turno, que ahora es el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) del presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Ante la polémica que generó la decisión de la FGR, la UIF aseguró que impugnó el “ejercicio de la no acción penal” ante el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte de Ciudad de México.

La dependencia de Hacienda incluso notificó de nueva información del caso.

“Se conocieron transferencias con destino al extranjero y constitución de personas morales cuya finalidad no se justifica, al haber funcionado únicamente como captadoras de recursos provenientes de empresas con características de posibles fachada”, sostuvo.