Los miembros del Patronato de la Fundación Mary Street Jenkins y la de la Fundación Universidad de las Américas Puebla, anunciaron este viernes a través de su cuenta de Twitter que presentaron una notificación de intención para iniciar una reclamación bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) para recuperar los daños económicos resultantes de varios agravios en su contra.

Entre las afectaciones, enumeraron que se reabrió ilícitamente una investigación penal, se emitieron órdenes de aprehensión, se realizaron varios intentos de destituir a los patronatos de la fundación y de la FUDLAP, además de que se trató de tomar de posesión de la Universidad de las Américas Puebla por parte del Gobierno de Puebla y sus representantes, “cuyo principal objetivo es la usurpación de la fundación y sus activos”, apuntó el comunicado.

Agregaron que los patronos están obligados a proteger los activos de la fundación, sus estudiantes, cuerpo académico y el legado de filantropía que llevan haciendo por años, iniciado por su fundador William Oscar Jenkins.

“En consecuencia, los patronos buscarán recuperar los daños significativos que han sufrido, así como cualquier otro daño que incurran, como resultado del incumplimiento de las obligaciones del TLCAN por parte del Gobierno de México.

Al final del comunicado, los agraviados expusieron que notificaron la intención de reclamo ante la Secretaría de Economía, específicamente ante la dirección general de Inversión Extranjera y la dirección general de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional.

El Financiero consultó a la Secretaría de Economía para conocer más información al respecto, sin embargo, detallaron que no contaban con información por el momento.

A manera de contexto, el pasado 29 de junio, la policía estatal de Puebla  desalojó las instalaciones de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), ya que la nueva fundación de esta institución busca recuperar el patrimonio de la Fundación Mary Street Jenkins y tener la posesión jurídica y material de las instalaciones de la universidad, por lo que recurrió a la vía legal.