FGR bajo la lupa: citatorios que sacuden al norte de México

De Política Alejandro Álvarez Manilla

FGR cita a gobernadores y el país se enciende. El sábado 23 de mayo de 2026, la Fiscalía General de la República lanzó citatorios que alcanzaron a dos liderazgos clave del norte: María Eugenia “Maru” Campos, en Chihuahua, y Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa. Dos expedientes, dos contextos y la misma pregunta que todos nos hacemos: ¿estamos ante un paso serio de procuración de justicia o ante un capítulo más de la guerra política? La realidad es que, por ahora, ninguno de los dos está imputado formalmente, pero el impacto político ya pegó en la línea de flotación. Y sí, FGR cita a gobernadores no es un titular menor: es el espejo de un choque áspero entre seguridad, ley, diplomacia y ambición electoral.

Dos citatorios, dos historias: Chihuahua y Sinaloa bajo presión

El primer citatorio cayó en Palacio de Gobierno de Chihuahua la tarde del 23 de mayo. Maru Campos fue llamada a declarar como testigo por la operación en la Sierra Tarahumara (17 y 18 de abril de 2026) donde participaron extranjeros —identificados en versiones oficiales y periodísticas como agentes de la CIA— y en cuyos traslados posteriores murieron dos de ellos y dos funcionarios mexicanos en un accidente carretero. El ángulo jurídico es duro: posibles violaciones a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional por la participación de agentes foráneos en tareas de seguridad pública dentro de territorio nacional. La mandataria panista asegura que colaborará y ha reiterado que se presentará el miércoles 27 de mayo de 2026. Su relato es consistente: dice no haber autorizado la presencia de estadounidenses y atribuye la coordinación de la cadena de mando a instancias estatales operativas. Pero, como en todo caso caliente, la fiscalía quiere escucharla de viva voz y deslindar responsabilidades.

La segunda llamada fue para Sinaloa, con un expediente más explosivo. Rubén Rocha Moya, hoy con licencia temporal —anunciada la noche del 1 de mayo—, fue citado a “rendir entrevista” por los señalamientos que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó ante una corte del Distrito Sur de Nueva York. El trazo de esa acusación: presuntos vínculos con una facción del Cártel de Sinaloa, protección indebida, filtraciones y sobornos. En paralelo, varios colaboradores y exfuncionarios estatales también están en la mira. La dimensión internacional del caso encendió las alarmas diplomáticas, financieras y de seguridad. Aun así, en México, al cierre del lunes 25 de mayo de 2026, la propia Presidencia aclaró que no hay imputaciones formales contra Rocha ni contra Campos: lo que hay son entrevistas dentro de la investigación. De nuevo, el matiz importa: FGR cita a gobernadores para entrevistas, no para acusarlos… al menos no todavía.

La simultaneidad de ambos frentes redibuja el mapa de riesgos. En Chihuahua, el expediente abre un debate sensible sobre cooperación con Estados Unidos: ¿se desbordaron las atribuciones locales o se trató de una coordinación legítima —y quizá informal— para desmantelar un narcolaboratorio? En Sinaloa, el expediente se apoya en la presión de Washington y sus procesos, con peticiones de captura con fines de extradición que, de confirmarse, tendrían consecuencias inéditas para un gobernador en funciones (aunque con licencia). En ambos casos hay un punto en común: el blindaje político del fuero y las rutas legales que, si alguna vez se cruzan hacia la imputación, requerirán procedimientos complejos y altamente escrutados.

Seguridad nacional, diplomacia y narrativa: ¿justicia real o teatro electoral?

La política mexicana vive de las narrativas. El PAN cerró filas con su gobernadora y acusa “persecución” de la 4T. Morena, por su parte, insiste en que la justicia no tiene colores y que nadie está por encima de la ley. ¿Quién gana en este choque? En el corto plazo, la FGR. Al poner la mesa de los hechos en Ciudad de México —con citatorios formales, agenda precisa y reflectores—, traslada la discusión desde los micrófonos hacia el expediente. Es un viejo axioma del poder: quien marca el procedimiento, marca el ritmo. Y hoy la FGR marca el ritmo.

Pero el terreno no es plano. En Chihuahua, el corazón del caso late en clave de seguridad nacional. La Constitución y la Ley de Seguridad Nacional son claras en delimitar la actuación de agentes extranjeros en México; cualquier desvío abre la puerta a delitos graves. La pregunta es si hubo autorización formal, tácita o ninguna; y, si la hubo, quién la firmó y bajo qué fundamento. El operativo en la sierra —con su secuela trágica— exige explicaciones y protocolos. Si todo fue legal, corresponde acreditarlo con papeles y firmas. Si no, habrá responsabilidades. En política, la opacidad cuesta caro; en seguridad, cuesta el doble.

En Sinaloa, la narrativa se complica porque se contamina con el expediente estadounidense. Y aquí hay que separar lo jurídico de lo político. Lo jurídico: Estados Unidos puede armar su caso y pedir extradiciones; México, por su parte, debe revisar si hay sustento para judicializar aquí. El estándar probatorio, la cadena de custodia y la cooperación judicial serán la prueba de fuego. Lo político: el gobernador con licencia de un estado clave aparece en la prensa internacional vinculado al crimen organizado; se le cita a entrevista en México y, sin embargo, no está imputado. El vacío entre la versión norteamericana y la mexicana alimenta sospechas en ambos sentidos: unos verán persecución internacional; otros, una red de protección local. La verdad, probablemente, vive en el expediente y no en los eslóganes.

A esto súmenle un país electoralmente hiperactivo. Con Chihuahua rumbo a comicios en 2027 y el tablero nacional en constante ebullición, cada declaración es un misil. Los equipos de comunicación trabajan a marcha forzada: de un lado, “cooperación indispensable con Estados Unidos” para contener la violencia; del otro, “intervencionismo inadmisible” y “uso faccioso” de instituciones. En el centro, la FGR intentando mantener el equilibrio, con una realidad incómoda: FGR cita a gobernadores en un contexto de polarización máxima. No hay manual para eso; solo trabajo fino de fiscalía y jueces, y mucha rendición de cuentas.

La Presidencia intentó desinflar el globo el lunes 25 de mayo: ni Campos ni Rocha están imputados. El mensaje busca frenar la lectura de “linchamiento” y, al mismo tiempo, mandar una señal de que los expedientes caminan. El matiz no es poca cosa: cuando un gobierno permite que la percepción de persecución se dispare, el daño a la credibilidad tarda meses —o años— en repararse. Y cuando, a la inversa, se percibe tolerancia o protección indebida a figuras con poder, la indignación pública se multiplica. La cuerda floja es real y la opinión pública no perdona tropezones.

Lo que está en juego y la ruta que conviene

Hablemos de fondo. ¿Qué nos jugamos con estos dos citatorios? Primero, el estándar de legalidad en la cooperación con Estados Unidos. México necesita inteligencia y tecnología, sí; pero necesita, sobre todo, control civil, reglas claras y transparencia. Si el operativo de Chihuahua violó procedimientos, que se diga y que se sancione; si estuvo bien armado, que se pruebe. Lo contrario —el limbo— solo abona al ruido y a la mala política.

Segundo, la capacidad del Estado mexicano para investigar con independencia cuando el poder toca a sus propias élites. Investigar a un gobernador —o a un gobernador con licencia— no es poca cosa. Aquí no hay espacio para filtraciones selectivas ni para la justicia como espectáculo. Hay, sí, una obligación elemental: dar resultados con evidencias, a tiempo y sin privilegios. Cuando FGR cita a gobernadores y les pide presentarse “con la frente en alto”, la frase suena bien en redes sociales; pero el expediente no se sostiene con frases: se sostiene con pruebas.

Tercero, la salud de nuestra diplomacia en materia de seguridad. Estados Unidos empuja con sanciones, acusaciones y solicitudes de captura; México debe responder con su propio estándar. Que exista un caso en Nueva York no convierte, por arte de magia, a nadie en culpable en México. Pero tampoco es irrelevante: si hay evidencia sólida compartida por las vías de cooperación judicial, el país tendrá que actuar en consecuencia. Si no la hay, también deberá decirlo, con valentía y soporte técnico. La dignidad no está peleada con la legalidad.

¿Y qué conviene hacer ahora? Algunas rutas mínimas para no naufragar:

• Transparencia procesal razonable. No pedimos reality show, pero sí comunicados claros sobre el carácter de las diligencias, las condiciones de las entrevistas y los plazos estimados.
• Blindaje técnico. Peritos, traductores, especialistas en cadenas de custodia y, sobre todo, independencia interna en la FGR. Si la decisión final —imputar o no— se percibe política, el costo reputacional será brutal.
• Cooperación judicial internacional con protocolo. Si el expediente de Sinaloa depende en buena parte de información de Estados Unidos, que esté protocolizada: oficios, MLAT, peritajes. Sin eso, cualquier judicialización se derrumba en tribunales.
• Respeto al federalismo. Una investigación no debe paralizar a los estados. Pero tampoco puede ser pretexto para el desacato o el ocultamiento. A cada quien, su competencia.

El norte del país, además, no es un mapa cualquiera: Sinaloa y Chihuahua son bisagra entre la economía formal, las cadenas logísticas y los corredores donde el crimen organizado pelea territorio a sangre y fuego. Si hay autoridades que fallaron —por dolo o por torpeza—, deberán responder. Si no, merecen que se les restituya el honor con la misma estridencia con que se les señaló. Esa es la lógica de una democracia mínimamente decente.

Un apunte final sobre la forma. La política mexicana suele convertir la justicia en espectáculo y el espectáculo en linchamiento. Sería un error repetir la fórmula. Nadie gana si convertimos los citatorios en un ring donde lo importante no es la verdad sino los likes. En cambio, todos ganamos si empezamos a normalizar que incluso los altos cargos comparezcan sin drama, que se documenten los hechos y que el resultado —sea el que sea— se explique con peritajes y resoluciones, no con adjetivos. El norte necesita menos estruendo y más certezas.

Por ahora, nos toca observar con lupa. El miércoles 27 de mayo sabremos si la comparecencia de Campos deja algo más que frases y pasarelas; y, en los días siguientes, si la entrevista a Rocha Moya aterriza en algo más concreto que un intercambio burocrático. La pelota está en la cancha de la FGR. Ojalá se juegue con reglas, con técnica y sin camorra. Porque sí: cuando FGR cita a gobernadores, no solo se evalúa a quienes comparecen; también se examina, sin anestesia, a la propia fiscalía —y a nuestra democracia.