Fallas en la construcción, fallas en el diseño y proyecto estructural, deficiencias en los materiales y falta de supervisión, son algunos de los principales aspectos que motivaron el colapso del tramo Tezonco-Olivos de la Línea 12 del Metro y que cobró la vida de 26 personas, y lesiones a casi un centenar.

Al presentar el resultado final de las investigaciones llevadas a cabo durante cinco meses la institución a cargo de Ernestina Godoy destacó que los hechos ocurridos la noche del 3 de mayo pasado, son atribuibles a ex funcionarios y ex servidores públicos que tuvieron bajo su responsabilidad la plantación, diseño y construcción de la llamada línea dorada, así como a empresas que participaron en su edificación y operación.

Durante una larga exposición a cargo de Godoy y del vocero de la FGJ, Ulises Lara, se estableció como punto nodal que la extensa cadena de errores y omisiones, impidió  la posibilidad de detectarlos,  ya que no eran visibles.

Esto es que, el diseño, la construcción y los materiales utilizados tuvieron un efecto que concatenó y provocó, al paso de los años el colapso mortal de ese tramo de la L12.

Sobre el particular, Ernestina Godoy aseguró que la Fiscalía a su cargo está en condiciones de judicializar el caso ante el Poder Judicial.

“Esta fiscalía cuenta con los elementos para imputar a una serie de personas morales y físicas que tuvieron bajo su cargo asegurar que las causa del colapso no se presentaran.

“Así la fiscalía general de justicia solicitará en unas horas audiencia al poder judicial para presentar imputaciones penales por los delitos de homicidio, lesiones y daño a la propiedad en contra de personas físicas; “A partir de ello el juez notificará a los probables responsables, personas físicas y morales, para dar inicio a su proceso penal.

Resaltó que esta institución ha respetado los derechos de cada persona a una legítima defensa y procurar que el caso se conduzca con estricto apego al debido proceso”, sostuvo Godoy Ramos.

Sostuvo que la prioridad es encontrar el camino para que las afectados no entren en un proceso de revictimización y que la justicia restaurativa haga su función.