El Gobierno mexicano contempla liberar este miércoles a 681 reos injustamente presos -de un universo total de más de 4.000 casos en análisis- en un hecho que reconoce las injusticias del Estado y al mismo tiempo evidencia la violación de los derechos humanos y procesales.

El Gobierno mexicano ubicó 4.233 expedientes de reos torturados, sin condena, adultos mayores o con enfermedades crónicas que pueden beneficiarse de un reciente decreto.

De estos, según anunció este martes, se prevé la excarcelación de 681 personas para este 15 de septiembre, la fecha que el presidente Andrés Manuel López Obrador había puesto como meta.

Pero pese a las buenas intenciones del decreto, que busca despresurizar las cárceles y ayudar a miles de personas, especialistas en el tema afirmaron a Efe que este no plantea realmente soluciones, redunda en disposiciones legales ya existentes, y además repite fallas que se han presentado con otras medidas como la Ley de Amnistía.

“Este decreto no es más que la reiteración de lo que ya se encontraba en la ley. Con el plus de incentivar a que una autoridad administrativa y los sistemas penitenciarios tengan la posibilidad de proactivamente identificar casos y comunicarlos a las defensorías y a los poderes judiciales”, explicó a Efe Viridiana Valgañón, abogada de la organización Equis Justicia para las Mujeres.

EL DECRETO

El decreto del 25 de agosto pasado ordena un comité para excarcelar a adultos mayores de 75 años, adultos mayores de 65 años con enfermedades crónicas, presos con 10 años sin sentencia y torturados.

Pero para Valgañón, no existen todavía los recursos humanos necesarios y materiales suficientes para que funcione efectivamente este comité, por lo que el organismo puede “sobresaturarse”.

Señaló que esto es algo que ya sucedió con la Comisión de Amnistía la cual, tras más de un año de que se instaló, apenas ha sesionado en cuatro ocasiones.

De acuerdo con cifras oficiales la población penal en México es de 220.866 personas. Sin embargo, hay más de 94.000 presos sin sentencia, la mayoría en prisiones estatales.

POSITIVO PERO CON ARISTAS

Nayomi Aoyama, coordinadora del programa de Sistema Penitenciario y Reinserción Social de la organización Documenta, afirmó que el decreto es algo “positivo” pero entre las ONG persiste la preocupación por la “poca efectividad que tienen este tipo de documentos”.

Explicó que algo similar ha pasado con la Ley de Amnistía de abril de 2020, donde de las más de 1.600 solicitudes, solo cinco casos han obtenido el beneficio.

Aoyama señaló que además existe un problema de opacidad porque no se incluye ningún tipo de mecanismo de transparencia que permita fiscalizar el desempeño de este comité y las liberaciones que se vayan otorgando.

Y agregó que tampoco se ha explicado cómo se hará la evaluación de los casos.

Para la especialista en temas de seguridad y prevención del delito, Eunice Rendón, este tipo de herramientas “en el fondo están muy bien por lo que están motivadas, pero al final no terminan siendo muy prácticas”.

Y por ello puso como ejemplo “lo que ha pasado con la Ley de Amnistía, en un proceso que ha sido un poco lento y arduo”.

Destacó que por ahora “lo más importante es la voluntad política que tengan las autoridades” y deseó que se creen herramientas didácticas e informativas para ayudar a los reos y a sus familiares interesados en este proceso.

“Es un tema complejo”, subrayó.

NO CONTEMPLAN REINSERCIÓN

Las expertas señalaron que entre las problemáticas que tiene este decreto es que no se incluye un plan o estrategia de reinserción.

“Debería incluirse un mecanismo para exhortar a diversas autoridades administrativas a trabajar para facilitar la vuelta de estas personas a sus vidas en el exterior”, dijo Aoyama.

Mientras que las autoridades también deberían atender a las personas que salgan con padecimientos clínicos así como garantizar acceso a una vivienda.

En tanto, Valgañón afirmó que el decreto solo lanza un mensaje contradictorio: “Mientras por un lado se excarcelan a los presos torturados, por el otro se aprueban decretos para militarizar el país, cuando sabemos que son instituciones que están denunciadas por tortura por organismos internacionales”, lamentó.