El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) mexicano estimó este jueves un crecimiento de entre 5,6 % y 5,7 % del producto interior bruto (PIB) nacional para 2021, por debajo de la meta oficial de más de 6 % que espera el Gobierno.

“Se nos ha caído el crecimiento del PIB comparado con el año anterior y al caerse hace que el 6,2 % (esperado) sea insostenible. ¿Y entonces qué estamos viendo? Un crecimiento, el mismo que ya pronóstico el Banco de México, más del orden del 5,6 % o 5,7 %”, expresó Carlos Salazar Lomelín, presidente del CCE.

El líder de la cúpula del sector privado empresarial mexicano lamentó que el crecimiento sea “insuficiente” para recuperar lo perdido en 2020, cuando la crisis de la pandemia dejó una contracción histórica de 8,2 % del PIB.

Para 2022, Salazar prevé un crecimiento del 3 % del PIB, similar a lo que espera el Banco de México, aunque por debajo del 4,1 % que proyecta el presupuesto oficial del Gobierno.

“Entonces (vemos) una economía creciendo a tasas relativamente pequeñas. Una inversión que no se alcanza a recuperar. No esperamos llegar, ni por mucho, a los niveles del famoso 25 % (de inversión) con respecto al PIB”, indicó en una reunión con medios de comunicación.

Como reflejo de esta desaceleración, el PIB de México decreció un 0,4 % trimestral entre julio y septiembre, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El presidente del CCE también expresó que le “preocupa enormemente la inflación”, que alcanzó en noviembre una tasa general interanual superior al 7 %, su mayor nivel en dos décadas.

El representante empresarial rechazó que todo corresponda a una inflación “importada”, como ha argumentado el Gobierno.

“Es preocupante ver que los productos agrícolas traen un crecimiento muy alto, esto no es importado, esta no es una inflación importada”, manifestó.

Salazar también enunció como una de las principales preocupaciones la reforma constitucional del sector eléctrico que propone el presidente, Andrés Manuel López Obrador, y que comenzará a discutirse el próximo enero en el Congreso.

La reforma prevé limitar al 46 % la participación del sector privado en la generación eléctrica y que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la empresa del Estado, tenga garantizado el resto.

En este contexto, el presidente del CCE recordó que el sector privado ha invertido 44.000 millones de dólares en el ramo, mientras que solo ha habido 13.000 millones de dólares de inversión pública.

“En los últimos cuatro o cinco años en nuestro país, no se ha invertido en una nueva generadora de electricidad pública, ha habido inversión privada, pero no ha habido pública”, manifestó.