El Gobierno de México descartó este jueves que el recorte del presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) afecte la convocatoria de la consulta para que los mexicanos decidan si revocar al presidente Andrés Manuel López Obrador, prevista para 2022.

“Nosotros consideramos que no está en riesgo el ejercicio de la consulta y de acuerdo al dictamen que se aprobó en la Cámara de Diputados, el INE tiene fondos en fideicomisos para invertir en el ejercicio”, dijo al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, durante la rueda de prensa matutina de López Obrador.

En la víspera, la Cámara de Diputados aprobó en lo general un dictamen de presupuestos para 2022 que recorta 4.900 millones de pesos (240 millones de dólares) a los cerca de 24.600 millones (1.200 millones de dólares) que el INE había solicitado para el próximo año.

El presidente de la autoridad electoral, Lorenzo Córdova, advirtió de que “un recorte desmedido a la solicitud presupuestal hecha por el INE para el 2022 a la Cámara de Diputados pone en grave riesgo la organización de la revocación de mandato”.

López Obrador, impulsor de la consulta y de la austeridad gubernamental, se limitó a decir este jueves que “cuando no hay corrupción, el presupuesto alcanza y se pueden hacer muchas cosas para el beneficio de la gente”.

Y recalcó que la oficina de la Presidencia pasó de tener un presupuesto de 3.800 millones de pesos (185 millones de dólares) en 2018 a solo 600 millones (30 millones de dólares) en la actualidad.

Con el objetivo de fomentar la democracia directa, el presidente López Obrador impulsó una iniciativa aprobada en el Congreso para que a mitad de su mandato se convoque una consulta ciudadana para que los mexicanos decidan si debe seguir en el cargo o dimitir.

Sin embargo, la coalición opositora “Va por México” presentó el jueves un recurso de inconstitucionalidad contra la ley al considerar que el mandatario, cuyo mandato va de diciembre de 2018 al mismo mes de 2024 y tiene una aprobación ciudadana del 60 %, busca promocionarse con este ejercicio.

El pasado 1 de agosto, México celebró su primera consulta ciudadana a nivel nacional, también impulsada por López Obrador, sobre enjuiciar por corrupción a los expresidentes del país, pero solo participó el 7,1 % del censo, muy lejos del umbral del 40 % para que fuera vinculante.

En ese ejercicio, el Gobierno acusó el INE de no ponerle suficiente empeño, mientras que la autoridad electoral alegó que la Cámara de Diputados no le otorgó el presupuesto solicitado para la consulta.