El Gobierno mexicano anunció este jueves que publicará un decreto para excarcelar a adultos mayores de 75 años, adultos mayores de 65 años con enfermedades crónicas, presos que llevan 10 años sin sentencia y personas torturadas.

“No queremos la tortura en México, nadie merece ser torturado, nadie, entonces estas cuatro acciones van a formar parte de un decreto que voy a firmar y que va a elaborar la secretaria de Gobernación (Olga Sánchez Cordero)”, anunció el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario informó que preparará el documento la próxima semana con la meta de liberar a los reos a más tardar el 15 de septiembre, aunque no precisó el número de beneficiados.

López Obrador justificó el decreto al señalar que de las más de 220.000 personas que hay en las cárceles, el 43 % no tiene sentencia, lo que equivale a cerca de 125.500.

“Es importante que se tome en cuenta que hay muchos detenidos, reclusos, internos, que no tienen sentencia, y no solo es fuero federal, también es fuero común y es la mayoría”, sostuvo.

Esta es una medida adicional a la Ley de Amnistía que promulgó el Gobierno en abril de 2020 con el objetivo de liberar a unas 6.000 personas condenadas o en prisión preventiva por delitos como aborto, pequeños robos o posesión de drogas.

El Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) reportó en marzo pasado una sobrepoblación en 172 centros penitenciarios federales, de un total 288, es decir, 60 % del total.

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Sánchez Cordero, expuso que el Decreto de Política Carcelaria se dirigirá a los jueces de ejecución.

Los adultos mayores excarcelados podrán cursar el resto de su condena en prisión domiciliaria.

Cualquier persona que lleve presa 10 años o más sin una sentencia obtendrá su liberación, si el delito no es grave, al igual que cualquiera que compruebe tortura con base en el Protocolo de Estambul.

“El presidente también ha instruido que en este Gobierno no se puede permitir ningún acto de tortura y menos para la obtención de una confesión o dentro del mismísimo penal”, declaró Sánchez Cordero.

El Gobierno ha atribuido el problema al rezago que existe en los juzgados, al presentar que el Poder Judicial de la Federación tiene una carga laboral de 2,4 millones de trámites, mientras que los tribunales superiores de justicia de los estados tienen una de 31 millones.

“No es posible que se tenga una dilación en la administración de Justicia, de tal manera que tengamos una población privada de su libertad sin ninguna sentencia definitiva”, expresó Sánchez Cordero.