El primer Plan de Acción de Juventud 2022-2024, impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 a través del Instituto de la Juventud (Injuve), constituye una hoja de ruta con 200 medidas centradas en políticas de emancipación, vivienda, educación y empleo joven, entre otras, con una dotación de más de 33.330 millones de euros hasta 2024, de los que 15.000 millones incidirán directamente en los jóvenes.

Una inversión que demuestra el compromiso del Gobierno para mejorar y proteger los derechos de las personas jóvenes en nuestro país.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al primer Plan de Acción de Juventud 2022-2024, una hoja de ruta con 200 medidas centradas en políticas de emancipación, vivienda, educación y empleo joven, entre otras, con una dotación de más de 33.330 millones de euros hasta 2024, de los que 15.000 millones incidirán directamente en los jóvenes. Una inversión que demuestra el compromiso del Gobierno para mejorar y proteger los derechos de las personas jóvenes en nuestro país.

Impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 a través del Instituto de la Juventud (Injuve), este primer Plan recoge, actualiza y concreta los retos de la Estrategia de Juventud 2022-2030 que aprobó el Gobierno el pasado mes de mayo, incorporando las necesidades planteadas por la actual coyuntura a medidas e inversiones ya puestas en marcha a lo largo del año 2022.

Este Plan nace de un proceso amplio y participativo, donde han sido las personas jóvenes las que han trasladado a las administraciones las necesidades y aspiraciones, a través del Diálogo Social con la juventud, el nuevo foro de participación creado para elaborar la Estrategia de Juventud 2030. También se han incluido las aportaciones del Diálogo de la Juventud con la UE y consultas multiactor con los distintos departamentos ministeriales.

Tras ese proceso participativo el Plan se ha articulado alrededor de 10 ejes, 42 objetivos, 94 líneas de actuación y 200 medidas, en las que se incluyen algunas como la mejora en las políticas educativas destinando una inversión de 10.400 millones de euros a becas universitarias, para Erasmus+, formación en i+D+i, movilidad y contratación predoctoral y de investigación. También el aumento de fondos, hasta los 4.350 millones de euros, en políticas de empleo joven para la implementación del programa Garantía Juvenil Plus, proyectos de digitalización y programa de becas, también para las oposiciones a la carrera judicial y fiscal.

Por otro lado, se amplían las políticas de emancipación y vivienda con una inversión de 2.350 millones de euros a iniciativas como el apoyo para el alquiler, la adquisición de vivienda permanente en municipios de menos de 10.000 habitantes a los jóvenes o la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes. Asimismo, se mejoran las políticas para garantizar la calidad de vida de nuestros jóvenes invirtiendo unos 650 millones de euros en el bono cultural joven, en proyectos de deporte inclusivo y en proyectos para la investigación sobre los riesgos del juego online.

El resto de ejes vertebradores incluyen políticas de inclusión como la red de centros de crisis para las víctimas de violencias sexuales en todo el Estado, el Programa para la inclusión de jóvenes con discapacidad, el Servicio 028 Arcoiris de atención a personas LGTBI o políticas de mundo rural como el pago complementario para los jóvenes agricultores que comiencen su actividad agrícola, dotado de más de 15.000 millones de euros.

Así, el Gobierno busca asegurar a la juventud frente a la crisis, renovando y fortaleciendo el escudo social, para garantizar el mantenimiento de la calidad de vida y el poder adquisitivo de las familias, adolescentes y jóvenes, en riesgo de exclusión. Y es que esta crisis derivada de la guerra de Ucrania es la tercera que vive la juventud nacida en torno al año 2000, tras la crisis financiera-inmobiliaria (2008-2014) y la crisis sanitaria derivada del Coronavirus (2020-2021).

En cuanto a su desarrollo, los diferentes Ministerios serán los encargados de adoptar las medidas necesarias para la implementación del Primer Plan de Acción de Juventud 2022-2024 y su ejecución en el ámbito de sus respectivas competencias, mientras que el Injuve estará encargado de observar los progresos anuales de cada uno de los objetivos.