Por Alejandro Álvarez Manilla
Las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) han vuelto a colocar sobre la mesa un viejo debate en México: ¿hasta dónde llega el derecho a la protesta y dónde comienzan los derechos de millones de ciudadanos que resultan afectados por estas acciones?
Desde hace décadas, la CNTE ha sido uno de los movimientos sociales con mayor capacidad de presión en el país. Su influencia política y su poder de convocatoria le han permitido negociar directamente con los gobiernos en turno, independientemente de su signo ideológico. Sin embargo, las recientes protestas han generado una creciente inconformidad social debido a las afectaciones económicas y de movilidad que provocan.
Los bloqueos en carreteras de peaje, las manifestaciones en avenidas principales y las interrupciones en zonas comerciales tienen consecuencias que van mucho más allá de una simple molestia temporal. Cada cierre representa pérdidas económicas para comerciantes, retrasos en las cadenas de suministro, cancelación de actividades productivas y afectaciones directas a miles de trabajadores que dependen de su ingreso diario.
El problema no radica en el derecho a la protesta. En una democracia, la libre manifestación es una herramienta legítima para exigir soluciones y visibilizar demandas sociales. Lo preocupante es cuando ese derecho comienza a vulnerar otros derechos fundamentales de la población.
Un pequeño empresario que no puede abrir su negocio, un transportista detenido durante horas en una carretera, un paciente que no logra llegar a una consulta médica o una familia que pierde tiempo y recursos atrapada en un bloqueo también son ciudadanos cuyos derechos merecen protección.
La paradoja es evidente. Un movimiento que históricamente ha defendido causas sociales corre el riesgo de perder el respaldo ciudadano cuando sus métodos generan un desgaste directo en la población que no tiene responsabilidad en las decisiones gubernamentales.
El gobierno federal, por su parte, tampoco puede permanecer como un espectador pasivo. La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta uno de sus primeros grandes retos políticos: mantener abiertos los canales de diálogo sin permitir que el país quede paralizado por conflictos prolongados.
La negociación permanente ha sido una constante en la relación entre el Estado mexicano y la CNTE, pero también ha generado críticas por la percepción de que las protestas más disruptivas terminan obteniendo respuestas más rápidas. Esto envía un mensaje complejo para otros sectores sociales que buscan ser escuchados mediante mecanismos institucionales.
México necesita construir un nuevo equilibrio. Defender la libertad de expresión y de manifestación no debe significar normalizar el bloqueo de carreteras, la interrupción de actividades económicas o la afectación a terceros. La democracia no puede sostenerse sobre la idea de que unos derechos prevalecen de forma absoluta sobre otros.
La solución no pasa por criminalizar la protesta ni por ignorar las demandas magisteriales. Pasa por fortalecer la capacidad de diálogo, establecer mecanismos claros de negociación y garantizar que las movilizaciones se desarrollen sin convertirse en un factor de desgaste social.
Porque, al final, el verdadero desafío consiste en recordar que tanto quienes protestan como quienes trabajan, transitan y mantienen en marcha la economía del país forman parte de la misma sociedad y merecen que sus derechos sean respetados.
Una democracia madura debe ser capaz de escuchar las exigencias sociales sin condenar a millones de ciudadanos a pagar el costo de conflictos que deberían resolverse en las mesas de negociación y no en las carreteras o en las puertas de los comercios.
