Advierten que los lixiviados podrían afectar mantos freáticos y manantiales de la Sierra Montenegro; señalan irregularidades en la operación del basurero y la explotación de 54 hectáreas ejidales
Un posible desastre ambiental y sanitario mantiene en alerta a alrededor de 500 familias de ejidatarios de Emiliano Zapata, Morelos, quienes denunciaron la operación irregular de un basurero municipal y la explotación de un banco de materiales pétreos en la Sierra Montenegro, una zona considerada estratégica para la recarga de los mantos acuíferos de la región.
Los inconformes advirtieron que la contaminación generada por estas actividades podría tener consecuencias ambientales durante hasta 100 años, particularmente por la presencia de lixiviados que ya estarían brotando en terrenos ejidales de uso común.
Víctor Muñoz, ejidatario y promotor de la iniciativa “Emiliano Zapata Seguro”, aseguró que consultas realizadas mediante la Plataforma Nacional de Transparencia revelaron presuntas inconsistencias y falta de información por parte de autoridades municipales, estatales y federales.
De acuerdo con la información obtenida por los ejidatarios, el basurero ocupa aproximadamente 35 mil metros cuadrados y durante 2025 habría recibido más de 34 mil toneladas de residuos.
Sin embargo, señalaron que el propio Ayuntamiento de Emiliano Zapata reconoció no contar con expedientes técnicos, contratos integrales ni estudios de impacto ambiental vigentes, pese a que la operación del sitio se remonta a años atrás.
Alertan por lixiviados y posible contaminación del agua
Uno de los principales motivos de preocupación es la presencia de lixiviados, líquidos generados por la descomposición de los residuos que pueden contener sustancias contaminantes.
Los ejidatarios afirmaron que estos líquidos ya se observan en terrenos de uso común y alertaron sobre el riesgo de que se filtren hacia los mantos freáticos, manantiales y otras fuentes de abastecimiento de agua para Emiliano Zapata y comunidades del sur de Morelos.
“Existen investigaciones científicas que alertan sobre posible presencia de arsénico en el agua, por eso urge la intervención de la Cofepris para saber cuáles son los niveles permitidos. Tenemos las fotografías donde se observan a flor de piel los lixiviados”, declaró Víctor Muñoz.
El representante ejidal insistió en la necesidad de realizar estudios independientes para determinar si existe contaminación y establecer el nivel de riesgo para la población.
Denuncian irregularidades en terrenos explotados por Cemento Moctezuma
A la problemática del basurero se suma la denuncia por la explotación de 54 hectáreas de tierras de uso común por parte de la empresa Cemento Moctezuma.
Según los ejidatarios, en 2005 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) avaló el proyecto bajo contratos que tendrían una vigencia de hasta 60 años.
No obstante, aseguran que el Registro Agrario Nacional (RAN) notificó oficialmente que no existe un acta de asamblea ejidal mediante la cual los propietarios hayan autorizado legalmente el cambio de uso de suelo.
Esta situación, sostienen, genera dudas sobre la legalidad del proyecto y sobre los procedimientos utilizados para permitir la explotación de los terrenos.
Los inconformes también denunciaron que la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y el estudio técnico justificativo relacionados con el proyecto fueron clasificados como información reservada por las autoridades.
“El Registro Agrario Nacional ya reconoció que no hay autorización de la asamblea ejidal. Tampoco han podido mostrar la manifestación de impacto ambiental y estudio técnico justificativo de la cementera. Hemos pedido a Semarnat los expedientes técnicos y me dicen que está reservada la información”, señaló Muñoz.
Exigen investigación y actuación de Semarnat y Cofepris
Además de los reclamos ambientales, 125 ejidatarios acusaron al actual comisariado ejidal de presuntamente obstaculizar la rendición de cuentas y no respetar las disposiciones establecidas en la Ley Agraria.
Ante este escenario, los habitantes exigieron la intervención de Semarnat y Cofepris para realizar inspecciones, estudios de calidad del agua y una revisión integral de los permisos relacionados con el basurero y la explotación de materiales.
También solicitaron que se investigue la actuación del presidente municipal de Emiliano Zapata, J. Santos Tavarez García, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
Los ejidatarios advirtieron que el problema no se limita a un conflicto por la propiedad o el uso de la tierra, sino que representa un posible riesgo ambiental y de salud pública, debido a la importancia de la Sierra Montenegro como zona de recarga hídrica y a la posibilidad de que los contaminantes alcancen las fuentes de agua de la región.
