El Gobierno de México recuperó 5.8 millones de dólares como resultado de un litigio iniciado ante el Undécimo Circuito Judicial de Miami, relacionado con una red de corrupción encabezada por el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, en colaboración con la familia Weinberg.

De acuerdo con Omar Reyes, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, se trata de la primera recuperación de recursos derivada de las operaciones presuntamente corruptas del exfuncionario, las cuales habrían generado afectaciones por 528 millones de pesos y 727.9 millones de dólares.

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que García Luna se encuentra preso en Estados Unidos por sus presuntos vínculos con organizaciones del crimen organizado. Sin embargo, posteriormente habría utilizado una estructura de empresas para realizar “negocios corruptos”, mediante contratos con sobreprecios, empresas de seguridad que no prestaban los servicios contratados y operaciones que, según las investigaciones, eran fraudulentas.

Por su parte, Bravo explicó que entre 2008 y 2018 García Luna habría construido una red relacionada con el desvío de recursos públicos y operaciones con recursos de procedencia ilícita. En este esquema se identificaron contratos por 403 millones de dólares con empresas privadas vinculadas al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social.

El funcionario detalló que también se detectó la simulación de servicios con la participación de servidores públicos y empresas fachada. A partir del seguimiento del flujo de recursos, la UIF presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR), así como una demanda civil en Florida para recuperar los activos.

La familia Weinberg habría desempeñado un papel relevante dentro de esta estructura corporativa, mediante empresas fachada que obtuvieron 30 contratos con sobreprecios a cambio de beneficios económicos. De acuerdo con las autoridades, el esquema permitía encubrir presuntos sobornos mediante pagos comerciales, simular la ejecución de contratos y maximizar la extracción de recursos públicos.

Asimismo, se identificaron triangulaciones financieras a través de Barbados y Miami, mediante operaciones entre distintas sociedades y cuentas relacionadas con García Luna, por montos de 528 millones de pesos y 727.9 millones de dólares.

El seguimiento de estos movimientos financieros permitió avanzar en la recuperación de activos. La UIF presentó una demanda civil ante el Undécimo Circuito Judicial de Miami para recuperar recursos que pertenecen al Estado mexicano.

El 19 de mayo se dictó una sentencia condenatoria contra integrantes de la familia Weinberg que participaron en el esquema. Como resultado de este proceso, el pasado 25 de agosto el Gobierno de México recibió 5 millones 805 mil 693 dólares, provenientes de una póliza de fianza y de la liquidación de 12 propiedades pertenecientes a la familia.

Bravo informó que las autoridades ya identificaron otras propiedades relacionadas con la familia Weinberg, por las cuales también se iniciarán procesos legales con el objetivo de recuperar recursos para el Estado mexicano.

Sheinbaum adelantó que los 5.8 millones de dólares recuperados serán destinados a ampliar la infraestructura educativa de nivel medio superior en la región de la Montaña de Guerrero.

La presidenta consideró que el caso también evidencia la “hipocresía” de quienes en su momento defendieron a García Luna, quien, además de haber sido señalado por sus presuntos vínculos con grupos criminales durante la llamada guerra contra el narcotráfico, posteriormente habría participado en negocios corruptos mediante empresas fachada, contratos con sobreprecios y una red de operaciones fraudulentas.

Finalmente, al ser cuestionada sobre si las investigaciones en torno a García Luna han encontrado algún vínculo con el expresidente Felipe Calderón o con algún integrante de su familia, Sheinbaum respondió que, hasta el momento, no existe ningún elemento que los relacione con estos hechos.