El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó este miércoles el desmantelamiento de una de las principales redes dedicadas al robo y comercialización ilegal de hidrocarburos, tras una investigación de siete meses que derivó en operativos simultáneos en distintas entidades del país.

En conferencia de prensa conjunta con la fiscalía general de la República (FGR), el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, detalló que las acciones permitieron la detención de 14 personas vinculadas a esta organización criminal, entre ellas su presunto líder, Mauricio “N”, alias “El Burras”, identificado como integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Durante los operativos, las autoridades aseguraron combustibles, vehículos, armamento, dinero en efectivo y equipo especializado. Asimismo, se detectó un esquema de lavado de dinero que operaba mediante al menos 10 empresas fachada y el uso de prestanombres.

De acuerdo con García Harfuch, la red criminal operaba bajo un esquema integral que incluía la extracción ilegal de hidrocarburos, su traslado, almacenamiento, distribución y comercialización, utilizando pipas, tractocamiones e incluso buques, además de mecanismos financieros para ocultar el origen ilícito de los recursos.

Las investigaciones, precisó, derivan de operativos previos realizados en junio de 2025 en Querétaro, Estado de México y Ciudad de México, donde fue detenido Cirio Sergio “N”, junto con otros 31 integrantes de una célula criminal. Tras estas capturas, surgió una nueva estructura que retomó el control del negocio ilícito.

Mediante cateos en 20 inmuebles ubicados en el Estado de México e Hidalgo, se logró la captura de siete integrantes clave, incluidos operadores logísticos, financieros y propietarios de empresas gaseras utilizadas como fachada.

Entre los aseguramientos destacan más de 100 mil litros de gas LP, decenas de pipas, autotanques y tractocamiones, así como armas, droga, dinero y equipo tecnológico. Además, fue clausurada una toma clandestina. Según las autoridades, esta organización tenía capacidad para extraer hasta 1.5 millones de litros de combustible por semana y operaba en diversos municipios del centro del país, utilizando ductos de Pemex para introducir el producto al mercado formal.

En acciones paralelas realizadas en Chihuahua, Estado de México y Ciudad de México, se logró la detención de otras siete personas, entre ellas Héctor Iván “N”, señalado como responsable de la logística para la obtención ilegal de gasolina y diésel en varios estados.

El funcionario destacó que estos operativos se suman a decomisos históricos, como el aseguramiento en 2025 de 10 millones de litros de diésel y un buque en Tamaulipas, lo que evidenció el uso de documentación falsa y la posible participación de empresas y funcionarios en la cadena delictiva.

Por su parte, el fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la FGR, Ulises Lara López, informó sobre otras líneas de investigación relacionadas con el denominado “huachicol fiscal”, que consiste en la simulación de operaciones comerciales para introducir hidrocarburos al país evadiendo controles aduaneros y fiscales.

Detalló que, a partir de operaciones de inteligencia —como el aseguramiento de un buque en 2024 en Altamira, Tamaulipas—, se identificó un esquema que habría movido hasta 23 mil millones de pesos mediante documentación falsa, empresas fachada y vacíos en los sistemas de control.

Las investigaciones revelaron un modelo logístico multimodal que combinaba transporte marítimo, ferroviario y terrestre, lo que permitía fragmentar la trazabilidad del combustible desde su ingreso hasta su distribución ilegal en estados como Tamaulipas, Querétaro y Jalisco.

Uno de los casos más relevantes es el de los llamados “petrofactureros”, una red de más de 40 empresas sin infraestructura real, operadas por prestanombres, que facilitaban la comercialización ilícita de hidrocarburos y permitían aparentar legalidad en las operaciones.

Como resultado, la FGR ha judicializado diversos casos y obtenido órdenes de aprehensión contra varios implicados, logrando hasta el momento la detención de seis personas vinculadas a al menos ocho empresas.

Además, se han asegurado bienes por más de 126 millones de pesos, entre ellos inmuebles, vehículos de lujo, joyería y efectivo. También se han obtenido sentencias condenatorias: en un caso, tres personas recibieron ocho años de prisión por posesión ilícita de hidrocarburos, mientras que en otro, seis personas fueron condenadas a la misma pena, además de multas cercanas al millón de pesos.

Las autoridades subrayaron que estas redes criminales han generado ganancias ilícitas millonarias y representan un impacto significativo para la economía nacional.