La implementación de la CURP biométrica en México representa un avance en digitalización gubernamental, pero también plantea desafíos críticos de ciberseguridad y protección de datos personales, advierten especialistas.
De acuerdo con IQSEC, empresa mexicana líder en ciberseguridad e identidad digital, el proyecto requiere adoptar estándares internacionales, cifrado avanzado y protocolos de seguridad robustos para prevenir fraudes y vulneraciones.
Protección de datos, prioridad clave
El núcleo del sistema será una base de datos con información personal y biométrica, que deberá estar segmentada y cifrada para evitar su asociación indebida y minimizar riesgos de:
Filtración de datos
Suplantación de identidad
Acceso no autorizado
Para ello, IQSEC recomienda implementar:
Cifrado avanzado y segmentación de datos
Verificación robusta en el registro
Autenticación multifactor en cada acceso
Canales cifrados para la consulta de la CURP por entidades públicas y privadas
Estándares internacionales y privacidad por diseño
Los especialistas sugieren adoptar protocolos globales como:
OpenID4VC – para credenciales verificables
ISO/IEC 18013-5 mDL – para licencias digitales móviles
Estos estándares garantizan interoperabilidad entre sistemas y mayor control del usuario sobre su información, aplicando el principio de privacidad por diseño.
Alicia Trejo, Gerente Ciber Legal de IQSEC, enfatizó la necesidad de avanzar hacia el cifrado postcuántico, ante la futura amenaza que representa la computación cuántica para la protección de datos.
En un contexto donde la suplantación de identidad es uno de los delitos de mayor incidencia en México y el mundo, IQSEC propone reforzar estrategias de detección y prevención de deepfakes.
“Combinando autenticación multifactor con cifrado robusto, podemos mitigar ataques y proteger la identidad digital de todos los ciudadanos”, concluyó Trejo.
Con más de 17 años de experiencia, IQSEC ofrece soluciones integrales de ciberseguridad y validación de identidad digital para trámites y procesos remotos en sectores público y privado, asegurando validez jurídica y mercantil.
