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Posible afectación a la libertad de expresión La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó al Gobierno de Puebla a revisar el artículo 480 del Código Penal estatal, el cual sanciona el delito de ciberasedio, al considerar que su redacción ambigua podría vulnerar el derecho a la libertad de expresión. La disposición, recientemente incorporada […]
Posible afectación a la libertad de expresión
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó al Gobierno de Puebla a revisar el artículo 480 del Código Penal estatal, el cual sanciona el delito de ciberasedio, al considerar que su redacción ambigua podría vulnerar el derecho a la libertad de expresión.
La disposición, recientemente incorporada a la legislación local, contempla penas de hasta tres años de prisión y multas económicas para quienes, mediante redes sociales u otros medios digitales, “insulten, injurien, ofendan, agravien o vejen” de manera persistente a otra persona, afectando su integridad física o emocional.
No obstante, la CNDH advirtió que el uso de términos subjetivos como “ofensa” o “agravio” carece de definiciones precisas, lo que podría dar pie a interpretaciones arbitrarias y al uso indebido de la ley para restringir opiniones o críticas legítimas en el ámbito digital.
Aunque el organismo reconoció la necesidad de contar con mecanismos legales para combatir la violencia en línea —especialmente contra niñas, niños y adolescentes— enfatizó que cualquier norma penal debe respetar el principio de legalidad y no convertirse en un instrumento de censura.
La Comisión recordó que tanto el artículo 6º de la Constitución mexicana como el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos garantizan el derecho a la libre manifestación de ideas, siempre que no se incite a la violencia o a la comisión de delitos.
La CNDH también informó que prepara una Acción de Inconstitucionalidad contra esta reforma, la cual será presentada públicamente en su momento, con el fin de alinear la legislación local con los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.
Finalmente, reiteró su postura de que el derecho penal no debe utilizarse para inhibir la crítica o el disenso, incluso cuando estos resulten incómodos para el poder, y reafirmó su compromiso con la defensa del Estado de derecho y la libertad de expresión.
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