De Política Alejandro Álvarez Manilla
Hablar del inicio de campañas 2027 en México exige una aclaración incómoda pero necesaria: el Proceso Electoral Federal 2026-2027 arrancó formalmente el 10 de septiembre de 2026, la jornada será el 6 de junio de 2027, las precampañas federales están previstas del 4 de enero al 12 de febrero y las campañas legales del 4 de abril al 2 de junio. Es decir, el reloj institucional ya va corriendo, aunque buena parte de la clase política lleva meses comportándose como si la competencia estuviera a todo lo que da. Y ahí está el primer problema: la política mexicana parece incapaz de respetar sus propios tiempos.
No estamos frente a una elección menor. En 2027 se renovarán las 500 diputaciones federales y, en paralelo, habrá elecciones locales concurrentes en las 32 entidades; el INE ha informado que están en juego más de 19 mil cargos locales, incluidas 17 gubernaturas. Traducido al español de a pie: el país entró en una temporada política gigantesca, costosa y decisiva para el balance de poder de la segunda mitad del sexenio. Precisamente por eso debería preocuparnos menos quién pegó primero su espectacular y más si las reglas serán capaces de contener la ansiedad partidista.
Lo inquietante no es que los partidos se preparen; eso sería normal. Lo inquietante es que vendan como deliberación interna lo que muchas veces ya luce como precampaña permanente. El Universal documentó desde julio que varios partidos ya habían arrancado procesos de selección antes del inicio formal del proceso electoral, mientras que Milenio reportó que el INE no logró consenso para emitir lineamientos que blindaran la equidad frente a esos movimientos anticipados. En pocas palabras: todos sienten que 2027 ya empezó, pero las reglas siguen corriendo detrás de la realidad.
No es campaña, pero todos actúan como si ya lo fuera
La trampa de esta etapa está en el lenguaje. Nadie quiere admitir que ya está en campaña, porque la ley marca calendarios claros y porque reconocerlo implicaría aceptar límites, fiscalización y eventuales sanciones. Entonces aparece el diccionario creativo de la política mexicana: recorridos, posicionamientos, asambleas informativas, procesos internos, diálogos con la militancia, foros ciudadanos, giras de agradecimiento, informes con aroma a destape. Cambia la etiqueta, pero el objetivo suele ser el mismo: ganar presencia, instalar nombre, medir aplausómetro y ocupar espacio antes de que el árbitro termine de acomodar la cancha.
Eso erosiona algo básico: la equidad. Si unos partidos o grupos arrancan antes, con más dinero, más estructuras y más acceso a reflectores, la contienda real empieza chueca. El consejero Arturo Castillo advirtió en julio que los actos anticipados de precampaña o campaña pueden ir en detrimento de los resultados del próximo año y que la legislación vigente es insuficiente porque la fiscalización llegaría tarde, ya con la elección encima o incluso después de consumados sus efectos políticos. El problema, entonces, no es sólo moral ni estético; es institucional.
Aquí vale ponerse un poco incómodos: cuando la política normaliza que todo se vale mientras no lleve el nombre oficial de campaña, lo que en realidad está haciendo es enseñarle a la ciudadanía que la ley es un trámite y no un piso parejo. Y esa pedagogía cínica sale carísima. Luego nos preguntamos por qué tanta gente percibe que las elecciones se juegan con dados cargados, por qué crece el desencanto o por qué el debate público se vuelve un reality de intrigas y no una conversación seria sobre seguridad, agua, empleo, salud o transporte. Si el arranque formal del proceso ya ocurrió, lo mínimo exigible sería una disciplina política a la altura del tamaño de la elección.
La prisa partidista revela miedo, no fortaleza
Hay una lectura cómoda que dice que quien se mueve antes demuestra fuerza. Suena espectacular para la foto, pero no necesariamente es verdad. Muchas veces la prisa revela lo contrario: miedo a perder agenda, miedo a que un aliado se rebele, miedo a que la marca ya no alcance por sí sola, miedo a que la oposición encuentre un hueco, miedo a que el electorado llegue cansado al día de la votación. En un sistema político sano, los partidos entrarían a campaña cuando toca y usarían el tiempo previo para construir propuestas. En el sistema real, demasiados actores usan el tiempo previo para colonizar la conversación antes de someterse a las reglas.
Ese apuro no distingue colores. El Universal reportó que en julio ya habían comenzado procesos formales o movimientos adelantados tanto en la alianza Morena-PT-PVEM como en partidos de oposición como PAN y PRI, y advirtió que esa dinámica incluso puede poner en desventaja a fuerzas políticas recién registradas. Eso importa porque la competencia no sólo se deforma entre gobierno y oposición; también se deforma al interior del propio menú partidista. Cuando unos llegan con meses de exposición y otros apenas con registro, la pluralidad existe en el papel, pero compite con muletas.
Para Morena y sus aliados, 2027 será la primera gran aduana intermedia del sexenio. Para la oposición, será una oportunidad de probar si todavía puede ordenar liderazgos, narrativas y alianzas sin vivir peleada consigo misma. Y para los partidos pequeños, será la batalla brutal de la supervivencia. Justo por eso la tentación de adelantarse es tan alta: nadie quiere regalar un centímetro en una elección que puede redibujar el mapa estatal y mandar señales anticipadas sobre el rumbo hacia 2030. El punto es que entender la tentación no obliga a justificarla.
También sería ingenuo pensar que el oficialismo llega con la victoria amarrada o que la oposición está condenada a mirar desde la grada. En el arranque del proceso, la presidenta del INE llamó a partidos, autoridades y ciudadanía a actuar con responsabilidad, y subrayó que nadie tiene asegurado el resultado. Esa frase vale más de lo que parece: recuerda que las elecciones no se definen en la soberbia del cuarto de guerra, sino en la capacidad de persuadir, movilizar y no espantar al votante moderado. La campaña eterna puede inflar burbujas, pero también agotar a la gente antes de tiempo.
Hay otra señal de alarma: cuando la política se adelanta demasiado, la gestión pública corre el riesgo de volverse utilería. Gobernadores, legisladores, dirigencias y aspirantes empiezan a mirar cada acto, cada gira y cada anuncio con cálculo electoral. Todo se vuelve mensaje, guiño, posicionamiento. Y cuando todo es campaña, nada es gobierno en serio. México no necesita nueve meses de propaganda encubierta; necesita casi nueve meses de claridad sobre qué quieren hacer quienes piden poder y cómo piensan responder a los problemas cotidianos de millones de personas.
Lo que sí debería arrancar con urgencia
Si algo tendría que empezar ya no es el desfile de bardas ni la coreografía de los destapes, sino una discusión adulta sobre reglas, dinero y prioridades. El calendario oficial existe y es claro: primero vino el inicio del proceso en septiembre de 2026, luego llegarán las precampañas en enero de 2027, el registro de candidaturas entre el 22 de marzo y el 3 de abril, y finalmente las campañas del 4 de abril al 2 de junio. Tener fechas definidas debería servir para ordenar la competencia, no para inventar atajos semánticos alrededor de ellas.
El verdadero debate debería girar en torno a preguntas mucho más pesadas que el chisme del día. ¿Cómo van a financiar su presencia territorial los partidos y aspirantes en estos meses? ¿Quién va a vigilar el uso de recursos públicos, propaganda disfrazada y promoción personalizada? ¿Qué mecanismos va a usar la autoridad para no llegar tarde a la fiscalización? ¿Qué van a proponer, en concreto, quienes aspiran a gobernar entidades golpeadas por violencia, sequía, deudas locales, transporte colapsado o servicios públicos mediocres? El inicio de campañas 2027 tendría que ser una oportunidad para subir el nivel del debate, no para repetir la vieja costumbre de ver quién grita primero.
También hace falta un poco de honestidad mediática. Buena parte de la cobertura política cae en la trampa de narrar la carrera como si fuera una liga de fichajes: quién sube, quién baja, quién suena, quién se pelea, quién sonríe más en la foto grupal. Eso genera clics, sí, pero deja vacíos enormes sobre contenido. Y cuando los medios se quedan sólo en la espuma, ayudan sin querer a que la política siga creyendo que presencia es igual a proyecto. El periodismo tendría que aprovechar este arranque para preguntar por trayectorias, redes de apoyo, conflictos de interés, resultados previos y viabilidad de propuestas, no sólo por rumores de candidatura.
La ciudadanía, por su parte, tampoco puede conformarse con ser público cautivo. Si los partidos ya decidieron que 2027 comenzó desde antes, entonces la respuesta social no debería ser resignación, sino exigencia. Exigir debates locales de verdad. Exigir transparencia sobre gastos y operadores. Exigir que no se use el aparato público como plataforma de promoción. Exigir que la conversación incluya a quienes no tienen maquinaria, pero sí ideas. Exigir que la política deje de tratar al votante como audiencia pasiva de una serie larguísima y carísima. Porque una democracia no se fortalece cuando el electorado sólo observa; se fortalece cuando pone condiciones.
Y aquí viene la parte más directa: si el inicio de campañas 2027 legalmente llegará hasta abril, estos meses previos deberían servir para que la ciudadanía vea, compare y aprenda a desconfiar del marketing instantáneo. Quien hoy sólo ofrece presencia, mañana probablemente ofrecerá excusas. Quien hoy necesita disfrazar campaña de otra cosa, mañana quizá disfrace resultados insuficientes de propaganda triunfalista. La forma en que un actor político compite dice mucho sobre la forma en que gobernaría. Por eso importa tanto mirar no sólo qué prometen, sino cómo arrancan.
México ya entró al tramo largo rumbo al 6 de junio de 2027. El desafío no es impedir que exista competencia; al contrario, una democracia necesita competencia real, intensa y plural. El desafío es evitar que esa competencia empiece torcida, saturada de simulación y divorciada de los problemas concretos del país. Si los partidos quieren correr desde ahora, allá ellos. Pero la ciudadanía y las autoridades no deberían premiar la ansiedad con indulgencia. En una elección de este tamaño, adelantarse no debería verse como astucia, sino como una señal de que todavía seguimos confundiendo estrategia con abuso, ruido con debate y espectáculo con política.
