La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó este lunes que corresponde a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) fiscalizar los recursos federales transferidos a los municipios, y no a las auditorías estatales, al anular parte de la revisión practicada por el Congreso de Tlaxcala al municipio de Contla de Juan Cuamatzi, en la que se señalaron irregularidades por más de 8.3 millones de pesos de fondos de origen federal. 

Por unanimidad de votos, el Pleno aprobó un proyecto de la ministra Loretta Ortiz Ahlf sobre la controversia constitucional 245/2025 promovida por el municipio, que concluyó que el Congreso de Tlaxcala y de su Órgano de Fiscalización Superior (OFS) estatal vulneraron la libre administración hacendaria municipal, al auditar recursos federales sin contar con un convenio de coordinación con la ASF, como establece la Constitución federal. 

“La Constitución Federal establece una delimitación clara de competencias en materia de fiscalización superior. Conforme a los artículos 79 y 116, corresponde a la Auditoría Superior de la Federación fiscalizar los recursos públicos federales ejercidos por cualquier ente, incluidos los municipios, mientras que las entidades de fiscalización de las legislaturas locales circunscriben su actuación a la revisión de recursos de naturaleza local”, dijo la ponente. 

El informe de fiscalización anulado —en lo relativo a aportaciones federales— abarcó del 1 de julio al 31 de diciembre de 2024, detectó irregularidades por 8 millones 372 mil 929 pesos provenientes de fondos federales, como el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) y participaciones federales.

“En el caso del Congreso de Tlaxcala emita un nuevo decreto en relación a la cuenta pública del Municipio de Contla de Juan de Cuamatzi, correspondiente al ejercicio fiscal 2024, este deberá atender a lo expuesto en la presente controversia constitucional, en el entendido de que quedan expeditas las facultades del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala para que realicé las investigaciones correspondientes y promueva las acciones que estime procedentes”, aclaró la ministra.

Cabe señalar que la Corte tiene pendiente de resolución un juicio similar entre la Auditoría Superior del Estado de Guerrero y el Congreso estatal contra el municipio de Acapulco, encabezado por Abelina López Rodríguez, tras ser acusada de irregularidades en la comprobación de 898 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN).