La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que las posibles sanciones contempladas en los lineamientos para la protección de los derechos de las audiencias no estarán relacionadas con el contenido que difundan los medios de comunicación, sino únicamente con el incumplimiento de obligaciones como la designación de un defensor de las audiencias.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria enfatizó que la propuesta no busca censurar a periodistas ni a medios de comunicación, sino garantizar el derecho de las audiencias a recibir información y contar con mecanismos para la atención de quejas.
“Esto tiene que quedar claro. Por fortuna el tema está abierto a consulta pública, que es la manera en que opera la comisión para que puedan hacerse estas especificaciones, pero de ninguna manera tiene que ver con un comunicador, con sancionar a un comunicador o sancionar por el contenido de la comunicación”, afirmó.
Sheinbaum reiteró que el proyecto no representa un mecanismo de censura, sino una medida enfocada en fortalecer los derechos de las audiencias y mejorar los mecanismos de autorregulación en los medios de comunicación.
“No tiene nada que ver con censura, sino sencillamente con el derecho de las audiencias y el derecho a la información“, sostuvo.
La presidenta añadió que los alcances de la propuesta serán precisados durante el proceso de consulta pública para evitar interpretaciones erróneas sobre posibles restricciones a la libertad de expresión.
“Todos estos puntos se van a aclarar para que no haya ninguna referencia a censura, ni mucho menos a sancionar a un reportero; imagínense, sería absurdo”, expresó.
¿Qué plantea la propuesta sobre los derechos de las audiencias?
Hace unos días, la Presidencia de la República presentó una propuesta de Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, la cual fue puesta a consulta pública por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.
El proyecto establece que todos los concesionarios de radio y televisión, públicos y privados, deberán contar con un defensor de las audiencias, figura responsable de atender las inconformidades del público y vigilar el cumplimiento de los derechos de quienes consumen contenidos informativos y de entretenimiento.
Asimismo, la iniciativa señala que el nombramiento del defensor corresponde exclusivamente a cada medio de comunicación, sin intervención del Gobierno federal, y que cada concesionario deberá elaborar y aplicar su propio código de ética.
De esta manera, el Ejecutivo federal insistió en que las eventuales sanciones derivarían únicamente del incumplimiento de estas obligaciones administrativas y no del contenido editorial, informativo o periodístico que publiquen los medios de comunicación.
