Miscelánea, salud y política Judith Álamo López

Para disuadir a quienes quieren protestar el próximo sábado 15 de noviembre contra la inseguridad y por el asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, que sigue causando indignación en amplios sectores del país, el gobierno de la 4T instala vallas metálicas de tres metros de altura en el Zócalo de la Ciudad de México y se da la “coincidencia” de que la combativa CNTE instale un plantón ahí mismo. ¿Casualidad o causalidad?

La viuda de Manzo, Grecia Quiroz García, con la representación del Movimiento del Sombrero fue designada por el congreso local presidenta sustituta de Uruapan (2025-2027), el pasado 4 de noviembre, pero no ha dejado de recibir amenazas contra su vida, así como también seguidores del munícipe acribillado y periodistas independientes, quienes han denunciado acoso de fuerzas criminales empoderadas en Michoacán, algunos ante la falta de garantías han decidido dejar de participar.

Carlos Alberto Manzo, el presidente municipal de Uruapan, asesinado el pasado 1 de noviembre de 2025, se convirtió no en una víctima más de los criminales, sino en un mártir de la democracia, un político bueno apoyado por su pueblo, quien creyó en la voluntad federal de romper alianzas con grupos delincuenciales, e imaginó posible rescatar el futuro de Uruapan, del estado y del país.

Dijo Manzo en junio pasado, en entrevista con Fernando de Collado en el programa Tragaluz: “el pleito con la delincuencia es golpe a golpe, de frente, a la familia se le respeta, a las mujeres… ,hay códigos de honor en la política y también los debe de haber en el crimen”.

Se equivocó Manzo: no hay códigos de honor vigentes entre políticos ni entre delincuentes. Entramos a zona franca de oscuridad, sin indicios claros de la voluntad gubernamental de acabar con el control de la delincuencia en Uruapan y en cada vez más amplias zonas del territorio nacional.

El gobierno de la 4T, desde su primer sexenio al frente del amado líder, Andrés Manuel López Obrador, quiso convertirse en el dueño de la verdad absoluta, para justificar con una narrativa falsaria e intolerante la instauración de un gobierno autocrático, intolerante, sin contrapesos institucionales, con amplias muestras de cuando menos permisividad con cárteles criminales.

La doctora Claudia Sheinbaum encarnó la expectativa del cambio, pero hasta ahora –eso sí, con algunos golpes contra la delincuencia azuzados por EE.UU.– ha predominado el discurso para rendirle pleitesía a su antecesor. Hoy mismo, en medio de la crisis de gobernabilidad, mostró sus prioridades al querer ser la primera en enviarle, un día antes: “Felicitaciones cariñosas de aquí a Palenque”, por cumplir 72 años mañana.

Todos los días, en su Mañanera del Pueblo, la mandataria reta la inteligencia de quienes siguen sus esfuerzos denodados por imponer una narrativa justificadora de la falta de acción frente a presuntos políticos corruptos integrados en la élite morenista, ante el desgobierno, la violencia y la falta de estrategia, contundencia y dinero para combatir el mal que devasta no sólo a Michoacán sino a la mayoría de las entidades del país.

En forma por lo menos tramposa anunció con bombo y platillo un Plan Michoacán por la Paz y la Justicia que no enfrenta la inseguridad con recursos extraordinarios, sino que conjunta acciones y recursos contemplados en el presupuesto de egresos. No hay dinero extra para contingencias, ni voluntad para acabar con los lastres.

En el colmo del absurdo el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, aseguró que el protocolo de seguridad del presidente Municipal de Uruapan no falló. ¿Entonces?

La realidad cotidiana aleja la esperanza de los demócratas, de las víctimas, de los ilusos que apoyarían a la presidente Sheinbaum si ella decidiera desmarcarse de su antecesor. Cada vez más críticos del gobierno morenista exigen su renuncia en marchas, plantones y declaraciones.

Con argumentos fundados, la intelectualidad mexicana exige a la mandataria cumpla con su responsabilidad y corrija sus lealtades. Ella juramentó ser leal al pueblo de México y debe liderar el desmantelamiento ya no de una alianza entre gobierno y delincuencia, sino de un Estado criminal, donde los delincuentes quieren gobernar.

En este clima, surge otro intento de albazo legislativo al presentar Alfonso Ramírez Cuéllar una iniciativa de Morena para anticipar un año la consulta de Revocación del Mandato presidencial, a 2027.

La oposición interpretó esto como un intento del gobierno de aprovechar los recursos propagandísticos y la popularidad de la presidente Sheinbaum, que pese a declinar en el año de gobierno, se mantiene alta –comenzó en 79 y ha bajado al 70%–. El objetivo: hacer repuntar a los otros aspirantes morenistas en las preferencias electorales.

Aunque en pausa, la mandataria ya externó su aceptación a la iniciativa y el coordinador de diputados de Morena, Ricardo Monreal, pidió no apresurarse, pero la idea es juntar la consulta, aduciendo “razones económicas”, con las elecciones locales en 17 estados de la República, de 500 diputados federales, 30 Congresos locales, centenares de alcaldes y de cientos de funcionarios del Poder Judicial Federal.

Para Ricardo Anaya, senador del PAN se trata del retorno de AMLO a la política, quien desea regresar a la palestra y adelantar la sucesión a favor de su hijo Andy López Beltrán.

Recordemos que dicha consulta fue impulsada en 2019 no por los ciudadanos como es el espíritu de la reforma, sino por voluntad del presidente López Obrador, y se llevó a cabo sólo como un costoso ejercicio para ser ratificado y demostrar su popularidad.

Tiempos difíciles vive nuestro amado México, en que el miedo no debe paralizarnos, se dice fácil, pero mientras haya vida e ideales debemos seguir participando y demandando mejores políticas por parte del gobierno y denunciando los abusos de poder. Sólo así habrá oportunidades de cambio.