El coordinador general de Política y Gobierno, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, negó categóricamente que las recientes reformas a la Ley de Amparo, aprobadas por el Congreso de la Unión, sean regresivas o restrinjan el acceso de la ciudadanía a la defensa de sus derechos. Durante su participación en Palacio Nacional, el exministro de la […]
El coordinador general de Política y Gobierno, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, negó categóricamente que las recientes reformas a la Ley de Amparo, aprobadas por el Congreso de la Unión, sean regresivas o restrinjan el acceso de la ciudadanía a la defensa de sus derechos.
Durante su participación en Palacio Nacional, el exministro de la Suprema Corte subrayó que las modificaciones tienen como objetivo modernizar el sistema judicial, hacerlo más ágil, digital y eficiente, y evitar el uso indebido del amparo en favor de intereses privados o del crimen organizado.
“Un gobierno que viene de una historia de defensa de la democracia y los derechos humanos no podría proponer reformas regresivas. El amparo sigue siendo el instrumento más importante de defensa de los derechos de las personas”, expresó Zaldívar.
Aclara que no se eliminan derechos colectivos ni el interés legítimo
Ante las críticas que señalan una supuesta restricción del interés legítimo y de los derechos colectivos, Zaldívar aseguró que el texto aprobado mantiene vigente la defensa de los derechos difusos, colectivos y ambientales.
“El interés legítimo ni se acota ni se elimina. Basta leer la reforma para constatarlo. Lo que se hace es precisar sus elementos esenciales y evitar interpretaciones erróneas”, puntualizó.
Casos de lavado de dinero: amparo sin privilegios para delincuentes
Uno de los temas más controvertidos de la reforma es la suspensión de amparos en casos de bloqueo de cuentas bancarias vinculadas con lavado de dinero.
Zaldívar explicó que los ajustes buscan impedir que delincuentes financieros desbloqueen recursos ilícitos, pero sin afectar a quienes puedan acreditar la legalidad de sus fondos.
“Si una persona demuestra el origen lícito de su dinero, podrá obtener la suspensión. Además, se garantiza un ‘mínimo vital’ para el pago de salarios, impuestos o pensiones. Es una postura equilibrada”, sostuvo.
También aclaró que la suspensión no aplicará cuando el acto impugnado provenga de una actividad que requiera permiso o concesión federal y el solicitante no cuente con ella.
“No se puede usar el amparo para sustituir licencias que no existen”, remarcó.
Cobros fiscales y procesos más rápidos
Respecto a los créditos fiscales firmes, Zaldívar explicó que, con la nueva ley, una vez que exista resolución definitiva sobre un adeudo, ya no podrán impugnarse las etapas intermedias del cobro.
Esto, dijo, reducirá los litigios prolongados y las pérdidas económicas para el Estado.
“Durante años, los procedimientos se alargaban con múltiples recursos. Con esta reforma, el Estado podrá recuperar más rápido lo que legalmente corresponde, sin afectar el derecho de defensa de los contribuyentes”, enfatizó.
“No hay retroactividad; los amparos en curso seguirán igual”
El funcionario descartó que las reformas tengan efectos retroactivos, asegurando que los juicios en trámite se resolverán con la ley vigente al momento de su inicio.
“No hay retroactividad en materia procesal. Solo las etapas futuras se ajustarán a la nueva normativa. Lo demás es mentira”, sentenció.
Asimismo, acusó a algunos críticos y exmagistrados de “mentir deliberadamente” por intereses políticos o económicos vinculados con grandes deudores fiscales y empresas energéticas.
“Una justicia moderna, transparente y al servicio de la gente”
Finalmente, Arturo Zaldívar afirmó que el nuevo marco legal mantiene intacto el espíritu del juicio de amparo como pilar de los derechos humanos, pero corrige distorsiones históricas que permitían abusos.
“El amparo seguirá siendo un orgullo de México: más breve, más cercano, más claro y más justo. Lo que se busca es una justicia moderna, transparente y al servicio de la gente, no de los intereses creados”, concluyó.
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