CIUDAD DE MÉXICO, México — La violencia contra mujeres es una situación preocupante en México. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), en la primera mitad del 2020, mil 844 mujeres murieron por violencia, es decir, 10 mujeres cada día, uno de los niveles más violentos en los últimos 30 años.

Gran parte de estas cifras recae en feminicidios, la muerte violenta de las mujeres por razones de género. De enero a mayo de 2021, se registraron 412 casos en el país, 7 por ciento más con respecto al año anterior. La Ciudad de México, una de las zonas más habitadas del país, se ubicó en el cuarto lugar del listado, con 35 casos, mientras que el Estado de México ocupó el primer lugar, con 77 casos.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien en meses anteriores dijo que el 90 por ciento de las llamadas de auxilio que se recibían sobre violencia contra mujeres eran falsas, reconoció públicamente la situación. “Ha habido un incremento, lamentablemente, en feminicidios, en violencia familiar; estamos ocupándonos en eso”, dijo en junio, en conferencia de prensa.

Aun con el aumento considerable en feminicidios registrados, las cifras reales podrían ser incluso mayores. La asociación Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCCI) estima que 46 de cada 100 asesinatos de mujeres que deberían catalogarse como feminicidios terminan por clasificarse como homicidios dolosos, lo que aumenta las posibilidades de quedar impunes.

La activista Yesenia Zamudio vivió una situación de este tipo. Es la madre de María de Jesús Jaimes Zamudio “Marichuy”, una estudiante de 19 años del Instituto Politécnico Nacional (IPN) que murió en enero de 2016, por múltiples fracturas, días después de caer del quinto piso de un edificio en la Ciudad de México.

Las primeras indagaciones manejadas por las autoridades arrojaron que pudo tratarse de un accidente o un suicidio. Posteriormente, vecinos del lugar testificaron que la joven fue sujetada y lanzada por terceras personas. Ella se encontraba acompañada de su profesor y un grupo de estudiantes de la institución, quienes están implicados en el caso. Se había reunido con ellos en un karaoke, y posteriormente fueron al departamento donde “Marichuy” vivía. Después, ocurrieron los forcejeos que detonaron el fatal suceso.

Tuvieron que pasar dos años y ocho meses para que el homicidio se reclasificara como feminicidio. Tras realizar una investigación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a la Fiscalia General de Justicia capitalina (FGJ) donde aceptó que hubo violación de derechos humanos contra “Marichuy”.

“En la investigación se determinó que ella sufrió acoso, violencia estudiantil y violencia de género dentro del IPN. El maestro se fijó en mi hija y la acosaba hasta en el último momento. Él la hostigaba para obtener algún beneficio sexual por medio de las calificaciones. Mi hija era becada, siempre estuvo en buenas calificaciones. El maestro, para presionarla, la reprobaba”, dijo Zamudio a Zenger.

Tras lo sucedido, en noviembre de 2020, casi cinco años después de lo sucedido, el IPN ofreció disculpas públicas a Zamudio, para sumarse a las otras peticiones hechas anteriormente por la CNDH, autoridades del Gobierno Federal y de la Ciudad de México.

Zamudio dijo a Zenger que, tras sostener una reunión con autoridades locales, el 21 de septiembre de 2021, se obtuvieron órdenes de aprehensión contra el profesor y uno de los excompañeros de “Marichuy”, por la probable responsabilidad en el homicidio de su hija. También dijo que se giró “ficha roja” a la Interpol, así como una orden ante el Instituto Nacional de Migración (INM) para evitar que salieran del país.

Así como hay casos de mujeres que enfrentan un final trágico, hay otros que estuvieron a muy poco de tener un desenlace similar. Karla García vivió una relación con su expareja que pudo terminar en la muerte, dice.

Durante los dos años que duró su relación, y en la que tuvo un hijo con él, experimentó diferentes tipos de violencia. En el principio, fueron celos. Posteriormente, fue separada de amistades y familia. Él le revisaba constantemente el celular y la amenazaba. Más tarde, llegaron las agresiones físicas, cuando la mordió fuertemente y después, cuando intentó asfixiarla por no hacer bien de comer, dice García.

La idea de creer en una familia y dar a su hijo un padre le hizo aferrarse y regresar con él en varias ocasiones, sin notar que los síntomas de violencia se agravarían aún más. En otro momento, su pareja trató de atropellarla, en un intento por llevarse a su hijo de la casa. Ella dice que brincó sobre el cofre mientras el auto salía del estacionamiento hacia la calle.

García metió en total cinco demandas contra su ex pareja, donde se relatan amenazas de muerte afuera de su trabajo, violencia contra su hijo y los otros hechos. Presentó un examen psicológico ante las autoridades, el cual no fue aceptado. Desde marzo de 2021, su pareja se encuentra en prisión, pero García teme que salga, pues es la segunda vez que es procesado. La primera ocasión, en noviembre de 2019, fue puesto en libertad al poco tiempo.

“Mi temor es que las decisiones del juez lo dejen salir, haciendo el pago reparatorio del daño, que son 700 mil pesos [35 mil dólares, aproximadamente]. Si paga ese dinero, sale sin tener ningún cargo, no importa lo que me haya pasado a mí. Si el juez no da una sentencia ejemplar, que está en una acusación por 24 años, puede salir con otro monto, dándoselo al tribunal. No creo que él [su expareja] esté contento, está lastimado. Mi temor es que salga y mate a mí y a mi hijo”, dijo.

Monserrat Martínez, asesora jurídica del Nuevo Sistema de Justicia Penal, dice que hace falta más capacitación en perspectiva de género por parte de la fiscalía hacia su personal. “Los ponen a hacer cursos en horas laborales y los cobran, aunque sean para el personal. Es imposible que el personal preste atención a un curso cuando está atendiendo personas”, dijo.

En México, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece un catálogo de medidas de protección de emergencia que el ministerio público puede implementar para proteger la integridad física y psicoemocional de la víctima y sus hijos. Para Martínez, acceder a este recurso puede ser complicado.

“Algunas víctimas son ‘judicializadas’, esto quiere decir, que van a un juez de control. Esto conlleva mucho trámite. Hay veces que el juez no lo declara favorable o se persuade para que la víctima no la solicite. Es complicado que un ministerio público lo quiera implementar. Luego, vienen las quejas o denuncias ante servidores públicos porque no implementaron las medidas de protección que pudieron evitar la comisión de un ilícito”, dijo.

Mientras se resuelve su caso ante las autoridades, Zamudio dice que ha sido amenazada de muerte. A casi seis años de la muerte de su hija, exige un castigo para los responsables. “Como familia, estamos destruidos, pero unidos. Nosotros no hicimos nada malo. Nosotros amamos a Mari y por eso luchamos juntos para lograr justicia para ella”, dijo.

Por su parte, García vive con inseguridad, pese a que su expareja está en prisión. Dice recibir amenazas del círculo del padre de su hijo. “Levanté una denuncia por amenaza. Su pareja y familiares me han estado amenazando e intimidando. No vivo tranquila. Aun así, estoy a favor de denunciar. Si se erradica la violencia familiar, van a bajar los feminicidios”, dijo.

Editado por Melanie Slone y LuzMarina Rojas-Carhuas