Los cinco principales productores de armas de fuego en Estados Unidos ingresaron más de 1.700 millones de dólares en la última década con la venta de rifles semiautomáticos como el AR-15, utilizados entre otros sucesos en la masacre en mayo en una escuela en Uvalde, donde murieron 19 niños y dos adultos.

El informe del comité parlamentario que investiga la comercialización de ese tipo de armamento, presentado este miércoles, reprochó a esas empresas que pongan a disposición de civiles armas pensadas para matar “tan rápido como sea posible” en zonas de combate.

En concreto, la compañía Smith & Wesson ingresó “al menos” 695 millones de dólares entre 2012 y 2021. Le siguieron Daniel Defense (528 millones de dólares), Ruger (514 millones de dólares) y Bushmaster (2,9 millones de dólares), mientras que de Sig Sauer no se facilitaron cifras, ya que la empresa alegó no registrar de forma individual su venta de fusiles como el AR-15.

Estas compañías, según las conclusiones publicadas, “utilizaron técnicas de venta perturbadoras”, con anuncios dirigidos a jóvenes pensados como una manera de fomentar la virilidad, “y ni siquiera han tomado los pasos básicos para controlar la violencia y destrucción causada por sus productos”.

En 2020 murieron en Estados Unidos 45.000 personas por armas de fuego, “la cifra más alta” jamás registrada, indicó la presidenta del comité, la demócrata Carolyn B. Maloney, que criticó que esas empresas faciliten ese tipo de rifles “y cuando alguien aprieta el gatillo no se hacen responsables”.

“No van a cambiar a menos que el Congreso les obligue a poner a la gente por encima de los beneficios”, apuntó la legisladora demócrata.

Daniel Defense incrementó sus ventas de rifles un 347 % entre 2012 y 2021, mientras que en Smith & Wesson y Ruger esos aumentos rondaron el 100 %.

La industria armamentística, según el comité, se ha estado dirigiendo de forma directa e indirecta a supremacistas blancos y organizaciones extremistas durante años, “jugando con los temores de la represión del Gobierno contra los propietarios de armas y fomentando las tensiones raciales”.

Al mismo tiempo, el aumento de la violencia por motivos raciales ha provocado un incremento en la tasa de posesión de armas entre los afroestadounidenses, lo que ha permitido que la industria se beneficie de las compras de una y otra parte.

“El derecho a portar armas está protegido por la segunda enmienda, pero los fabricantes no tienen el derecho constitucional de efectuar una comercialización irresponsable de armas de asalto que se usan para aterrorizar a la población en todo Estados Unidos”, advirtió el comité.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó en junio un acuerdo histórico, aunque de mínimos, para reforzar el control de las armas de fuego.

Esa iniciativa incluye una revisión del proceso de compra para los menores de 21 años y extiende a todo el país las llamadas leyes de “alerta de peligro” (“Red Flag”), que permiten activar un procedimiento legal para confiscar las armas de fuego de quienes representen un peligro para terceros o para sí mismos.

Los fabricantes alegaron este miércoles que el foco no debe ponerse en las armas en sí, sino en quienes las utilizan para matar: “Hace décadas no había tiroteos masivos. Lo que han cambiado no son las armas. No hay que centrarse en el tipo de armamento, sino en las personas que pueden cometer ese tipo de actos”, dijo el fundador y consejero delegado de Daniel Defense, Daniel Marty.