El Gobierno venezolano declaró este miércoles persona non grata a la embajadora de la Unión Europea (UE) en el país, la portuguesa Isabel Brilhante, y le dio un plazo de 72 horas para abandonar la nación caribeña, en respuesta a las sanciones aprobadas por el bloque comunitario contra 19 funcionarios. 

El ministro venezolano de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, entregó el documento a Brilhante en la sede de la Cancillería, luego que el Legislativo emplazara al Ejecutivo a tomar esta medida al considerar que la UE hace injerencia en asuntos internos. 

“Hoy, por decisión del presidente Nicolás Maduro, hemos entregado en sus manos, a la señora Isabel Brilhante (…) la declaratoria como persona non grata (…) Se le ha dado un plazo de 72 horas para abandonar el territorio venezolano”, dijo Arreaza tras reunirse con la embajadora. 

El canciller sostuvo un encuentro privado con Brilhante que duró cerca de una hora y que sirvió para, dijo, explicarle “el irrespeto a la Constitución” que suponen las sanciones europeas contra altas autoridades de Venezuela. 

“Hemos llamado la atención (de la UE) ojalá que haya una evaluación sosegada (…) que hagan un proceso de análisis reflexivo, que puedan deponer esas actitudes injerencistas y prepotentes”, prosiguió el canciller. 

Arreaza también espera que el bloque europeo “deje de ser un apéndice de la élite dominante”, en alusión a Estados Unidos y que “aprenda a respetar a los países independientes”. 

No obstante, afirmó tener esperanzas para que en el futuro se puedan “reconstruir los puentes de entendimiento y diálogo” entre Venezuela y la UE que, añadió, ha aprobado 55 paquetes de sanciones económicas en los últimos años. 

La Asamblea Nacional (AN, Parlamento), de clara mayoría chavista, había aprobado un día antes un acuerdo mediante el que solicitaba a Maduro que expulsara a Brilhante en respuesta a las sanciones aprobadas, que incluyen a varios diputados. 

Dicho acuerdo también exhortó al Ejecutivo a “declarar persona ‘non grata’ a Brilhante” y solicitaron que se “revise el acuerdo de funcionamiento mediante el cual autorizó la apertura” de la oficina de la UE en Venezuela. 

El 29 de junio de 2020, Maduro ya ordenó a Brilhante la salida del país, una decisión que revocó el 2 de julio, con la esperanza de que la decisión facilitara el diálogo entre la UE y Venezuela. 

En aquella ocasión, el bloque también había planteado sanciones a varios dirigentes venezolanos.