Un juez mexicano procesó este miércoles al exprocurador Jesús Murillo Karam por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia por su presunta participación en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014, además de ratificarle prisión preventiva justificada.

El extitular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) de México (2012-2015) compareció ante un juez en el Reclusorio Norte por unas 12 horas, donde estuvieron presentes familiares de los jóvenes desaparecidos, para responder tras su arresto el viernes pasado en su domicilio al sur de la capital mexicana.

El juez Marco Antonio Fuerte Tapia determinó que la Fiscalía General de la República (FGR) de México ofreció las pruebas suficientes para considerar que Murillo Karam está relacionado con los delitos que se le imputan.

Además, ratificó la medida de prisión preventiva justificada para Murillo Karam al considerar que persiste el riesgo de fuga y por ello permanecerá en el reclusorio (cárcel) Norte, de la Ciudad de México, luego de que el juez concedió un plazo de 90 días naturales para la conclusión de la investigación complementaria.

Horas antes, en la continuación de la audiencia inicial, uno de los abogados del exfuncionario aseguró que “no hay una sola prueba” contra Murillo Karam, que no había ninguna persona que declarara en su contra ni testigos que lo involucraran en los hechos.

Asimismo, pidió al juez declarar prescrito el delito de tortura y aplicar la norma con la penalidad más baja en el ilícito de desaparición forzada.

Sus defensores pidieron que se desestimaran las conferencias de prensa que la actual Fiscalía General de la República (FGR) usó como pruebas para acusarlo.

Entre ellas, la del 6 de octubre de 2014, cuando la PGR anunció la atracción del caso Ayotzinapa, la reunión del 7 de octubre en Iguala, donde estuvo el exgobernador Ángel Aguirre, y la del 27 de octubre, donde el exprocurador supuestamente giró instrucciones a Tomás Zerón, entonces director de la ahora extinta Agencia de Investigación Criminal, para que aplicara toda la fuerza del estado.

Además de la conferencia del 7 de noviembre, donde se mencionó por primera vez la “verdad histórica”, que los abogados de Murillo calificaron como un concepto jurídico que no puede tomarse como prueba.

La audiencia se da después de que el lunes el juez segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México otorgó una suspensión al exprocurador para que cese cualquier acto de incomunicación y ordenó garantizar su salud e integridad física.

Esta miércoles, durante su habitual conferencia de prensa, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que el exprocurador debe hablar y decir “quién le dio la orden”, incluso bajo una figura de testigo protegido.

Murillo Karam está acusado de ser uno de los fabricantes de la “verdad histórica”, una versión del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) que afirmaba que policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cartel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en un basurero en el sureño estado de Guerrero.

El arresto del exprocurador es el de mayor perfil del caso hasta ahora y ocurre tras el informe de la Comisión para la Verdad, que concluyó el jueves pasado que la desaparición de los 43 estudiantes fue un “crimen de Estado” en el que estuvieron involucrados autoridades de todos los niveles y no hay indicios de que los estudiantes estén vivos.