El Tren Maya, obra emblemática del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha puesto en un dilema a las comunidades locales en el sureste del país que, si bien reconocen el desarrollo que traería a la región, tienen que convivir con sus costos como son la “turistificación” y el consiguiente desplazamiento de algunos de ellos.

En la ciudad de Bacalar, en Quintana Roo, conocida por su hermosa laguna multicolor, se construye el tramo 6 del Tren Maya, que tendrá una longitud de casi 256 kilómetros y unirá a esta ciudad con Tulum, en el Caribe mexicano.

“Este es un proyecto que se presentó como un proyecto de justicia social, es decir, donde se le va a hacer justicia a las comunidades y las comunidades van a poder aprovechar los beneficios del desarrollo, pero eso tiene un costo”, aseguró a EFE María Luisa Villarreal asesora comunitaria y habitante de Bacalar, en el estado de Quintana Roo, en un reciente recorrido por la zona.

Ese costo, coincide Aracely Domínguez, presidenta del Grupo Ecologista del Mayab (Gema), implica cambios en el estilo de vida de las comunidades, así como la falta de transparencia en la firma de convenios, la ocupación de tierras y el incumplimiento en la obligación de las autoridades de pagar lo justo por las expropiaciones.

El Tren Maya contempla más de 1.500 kilómetros de vía férrea para transporte de carga, turistas y pasajeros locales en los cinco estados del sureste del país: Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán.

“La mayor parte de las comunidades no quieren este tipo de desarrollo, no quieren más hoteles, centros comerciales, fraccionamientos en sus áreas. Se han expropiado más de 2.700 hectáreas, la mayoría de ejidos, en algunos casos hay quejas de que no les han pagado o no les han dado lo suficiente o han incumplido con lo que les habían prometido”, advirtió Domínguez.

Para López Obrador, sin embargo, el Tren Maya, que se espera sea inaugurado parcialmente el 15 de diciembre, es el proyecto que traerá prosperidad a una de las zonas históricamente más olvidadas: el sureste.

Sin regulación es tierra de nadie

Los más de 41.000 habitantes de esta localidad, ubicada en un paisaje hermoso, tienen una visión algo más compleja.

Reconocen que han visto en la última década un crecimiento exponencial en el número de visitantes, pero advierten que la llegada de esta megaobra no solo ha traído la promesa de progreso sino también problemas considerables.

Uno de los principales es la vivienda: la mayoría de los habitantes tiene problemas para encontrar un lugar para residir pues la mayor parte de las construcciones son para turistas, lo que ha disparado los precios y ha hecho que una casa se vuelva inalcanzable para los locales.

“Vivir en Bacalar es carísimo. Por ejemplo, un cuarto de renta en Bacalar te cuesta lo que te cuesta una casa completa rentada en Chetumal (la capital del estado). ¿Dónde va a vivir la población local?”, preguntó Villarreal.

A los habitantes de la localidad les preocupa que la premura por concluir esta obra evitó que se pudiera planear adecuadamente el desplazamiento de la población local que ya tenía problemas previos de acceso a salud, servicios e infraestructura, entre otros.

Aunado a ello, otro de los efectos negativos ha sido la deforestación de unas 200.000 hectáreas que ayudaban a mitigar las inundaciones en la zona, ya que al ser una cuenca las lluvias que se generan en otras partes, como el vecino estado de Campeche, derivan en este lugar.

“Somos la parte baja, somos una zona de pantanos conectados y no están visualizando eso (en la construcción de la obra)”, remarcó.

Como consecuencia, los habitantes están trabajando a marchas forzadas para hacer ordenamientos comunitarios, pues hasta ahora Bacalar no cuenta con reglamentos ni programas de desarrollo urbano.

“Mientras no tengamos esos instrumentos, pues es tierra de nadie y sigue quedando a criterio de las autoridades locales”, concluyó Villarreal.