El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el despliegue de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en aeropuertos del país a partir de este lunes, ante la creciente saturación en las terminales provocada por un bloqueo presupuestal parcial en el Congreso.

La medida, anunciada a través de redes sociales, busca aliviar la carga operativa en los puntos de seguridad, donde retrasos en el pago a personal han afectado el funcionamiento habitual. Autoridades federales ya trabajan en la implementación del plan.

El encargado de la política fronteriza, Tom Homan, confirmó en entrevista con CNN que los agentes de ICE serán reasignados temporalmente a labores en aeropuertos, aunque aclaró que no desempeñarán funciones para las que no estén capacitados, como la operación de equipos de rayos X.

En su lugar, explicó, apoyarán en tareas de seguridad complementarias, como la supervisión de salidas y otras áreas donde puedan reforzar la vigilancia. “Hoy diseñamos el plan y mañana comenzamos a ejecutarlo”, señaló.

Desde el 14 de febrero, los recursos del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos permanecen congelados debido a desacuerdos entre demócratas y republicanos sobre las prácticas del ICE. Esta dependencia es la encargada de la seguridad en aeropuertos.

La situación ha generado una crisis operativa: más de 300 empleados han renunciado desde entonces y las ausencias laborales se han incrementado significativamente. Algunos trabajadores han recurrido a empleos alternos o donaciones para sostenerse, mientras en varios aeropuertos se han organizado colectas y entrega de apoyos para el personal de la Administración de Seguridad en el Transporte.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, advirtió que el panorama podría agravarse en los próximos días, lo que aumentaría la presión sobre el Congreso para alcanzar un acuerdo.

Por su parte, legisladores demócratas mantienen su postura de no aprobar nuevos recursos para el DHS hasta que se modifiquen las prácticas del ICE, incluyendo la reducción de operativos, la prohibición del uso de máscaras por parte de agentes y la exigencia de órdenes judiciales para ingresar a propiedades privadas, tras la difusión de videos de operativos violentos en redes sociales.