Fernando Vázquez Rigada

Nunca han sido fáciles las relaciones con Estados Unidos, pero el momento que vivimos parece particularmente complejo.

El siglo XIX nos costó medio territorio. La revolución se vio forzada a firmar los Tratados de Bucareli. Cárdenas fue sagaz y patriota al aprovechar la coyuntura internacional que auguraba el estallido de la Segunda Guerra Mundial y expropió el petróleo.

Una gran crisis se desató en 1985, con el asesinato de Enrique Camarena, cuyas consecuencias se extienden hasta hoy.

Vivimos, también, una suerte luna de miel que comenzó con la iniciativa de Carlos Salinas de Gortari para firmar el entonces TLCAN, Clinton salvó a la economía mexicana y Fox y Bush hijo acordaron el “espíritu Texas- Guanajuato”.

La llegada de Felipe Calderón detonó el Plan Mérida, aunque las relaciones se tensaron paulatinamente por el estallido de la violencia en el país. La agenda bilateral fue secuestrada por temas de seguridad.

La irrupción de Donald Trump movió todo el tablero. En su primer término intentó usar la imposición de aranceles como baza de negociación de un nuevo tratado.

En el segundo, se incluyó con fuerza inusitada el tema de seguridad, imputando, no sin razón, que el país se ha convertido en una suerte de narco estado.

Pero el reclamo viene de antes. Fue Biden quien forzó la reaprehensión de Caro, la detención de Ovidio y la extracción del Mayo Zambada.

Trump sólo escaló lo que ya venía de atrás: declaró narco terroristas a diversos cárteles y en los últimos días ha emprendido una ofensiva feroz por todos los flancos.

Ofendió a la Presidenta diciendo que temía caminar y que el miedo le impedía pensar. Detuvo al alcalde de Matamoros.

Pero lo ocurrido en la última semana es elocuente: retiró la visa a la gobernadora de Baja California. Filtró que había demandado a México permitir la intervención de las fuerzas armadas de Estados Unidos en México. Detuvo a una funcionaria de la fiscalía de Tamaulipas con 180 mil dólares en efectivo. Recibió a 17 familiares de Ovidio Guzmán, presuntamente vinculados a un acuerdo como testigos protegidos. Denunció a una mexicana por ayudar al CJNG, en donde se involucró a agencias de EU. El gobierno de EU imputó a una organización trasnacional controlada por cárteles el comercio de Huachicol sustraído de Pemex. Diseminó la especie publicada por Tim Golden de que se preparaba una lista con docenas de políticos mexicanos, la mayoría miembros de Morena, gobernadores, secretarios y personajes cercanos de López Obrador.

La información no es menor, por dos nombres que la integran. Uno es Tony Salisbury, investigador especializado en temas de Seguridad Nacional y quien radicó en México. Salisbury es un alto mando de la comunidad de Seguridad Internacional y comenzó su trabajo a través de una lista de 19 nombres que elaboró Terrance Cole, jefe de la DEA en México en el 2019.

Terrance Cole hoy es nada menos que el nuevo director de la DEA y espera su ratificación por el Senado. El jueves, esa agencia dio conocer el entramado de cárteles que operan en México, en donde luce una República tomada por el crimen.

Esta misma semana llegó el nuevo embajador Ronald Johnson: ex coronel y agente de la CIA.

En paralelo, vetaron la exportación de ganado en pie por estar infectado y forzaron a Marcelo Ebrard a aceptar que las negociaciones del TMEC comenzarían este año y no el siguiente.

Parece que el gobierno mexicano está atrapado en una trituradora.

Por un lado, está la creciente presión del gobierno de Estados Unidos que parece dispuesto a exponer los vasos comunicantes de Morena con el ecosistema del crimen.

Por otro, están las presiones internas de un ejército de operadores partidarios que tienen las manos manchadas de dinero sucio y de sangre.

No habrá una salida fácil, ni indolora.

Con todo, antes de que te impongan justicia, mejor impártela tú.

@fvazquezrig