Puntales por Agustín Vargas

• Estrategias para demorar juicios
• Ciudadanos acudirán a instancias internacionales
• Reelección en AMFE

• Lanza Plataforma de Educación Financiera

Una semana después de haberse publicado el decretazo presidencial que blinda por razones de “interés público” y “seguridad nacional” las obras de infraestructura para que no puedan sean objetadas y paralizadas por disposiciones jurídicas contrarias a los intereses del gobierno morenista, entre otros puntos, un colectivo de ciudadanos dio a conocer un adelanto de que puede significar las disposiciones del inquilino de Palacio Nacional.

A partir del decretazo los ciudadanos en todo el país están en riesgo de que se aprueben proyectos sin informarles, sin dejarles participar, sin que se midan los impactos ambientales, por ejemplo, en el caso de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía y también en el de Texcoco, antes de su cancelación.

Sobre el tema de los aeropuertos, el Colectivo Ciudadano “Más Seguridad Aérea, Menos Ruido” denunció el pasado 30 de noviembre la falta de justicia y sesgo de la misma porque todos los amparos y juicios fueron concentrados en el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México y el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que ya tienen un criterio previo a los amparos, según explicaron los abogados de la organización,  porque son los que han conocido de los juicios del Nuevo Aeropuerto en Texcoco y del de Santa Lucía.

Las dos instancias judiciales no podrían ir en contra de lo que ya dictaminaron sobre el beneficio del nuevo aeropuerto, dijeron los abogados Luis Miguel Cano, Mario Victoria y José Luis Guerrero, e informaron que la oficialía de partes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha remitido a la Primera Sala las solicitudes de atracción de los juicios, cuando es la Segunda Sala a la que correspondería conocer, porque es la especializada en Materia Administrativa.

Los abogados advirtieron que existe una estrategia de demora por parte de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM), que en todo momento, mediante quejas sin fundamento han tratado de retrasar el avance de los diversos juicios, llegando incluso a presentar formatos idénticos en sus recursos, donde alegan cosas diferentes a los hechos a que se refieren los amparos o advirtiendo, por ejemplo, que un juzgador está imposibilitado de tomar decisiones en materia de aeronáutica, desconociendo la Constitución porque México como signante del Tratado de Chicago, acepta que puede regularse.

Debido a que los juicios de amparo remitidos a un tribunal de consigna no han podido frenar las afectaciones que se han ido acumulando en la población, en los daños causados en su salud y medioambientales, es que el abogado Luis Miguel Cano adelantó que a más tardar en febrero llevarán su queja a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos o al Sistema Universal de Derechos Humanos, uno de los Comités de Naciones Unidas competente para conocer de comunicaciones por violaciones a los derechos humanos.

Los abogados han presentado más de 30 amparos y 7 recursos, de los que 25 amparos siguen en trámite y confían en que tarde que temprano el Poder Judicial manifieste su autonomía del Poder Ejecutivo y resarza la vulneración fundamental que existe en estos casos.

Esto, por supuesto, es un adelanto de lo que podría verse en lo sucesivo cuando se pretenda alguna acción jurídica en contra de cualquier obra del gobierno federal que pueda afectar el modo de vida, salud y tranquilidad de los ciudadanos, ya no se diga si se quiere averiguar o preguntar sobre la transparencia del uso y destino del dinero aprobado para tal efecto, aunque por lo expuesto por los quejosos ya existe un patrón judicial a seguir desde antes de la publicación del decretazo.

Reelección en AMFE

Quien estará un año más al frente de la Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas (AMFE), es Enrique Bojórquez Valenzuela, quien fue reelecto como presidente de las sofomes y los intermediarios no bancarios más grandes de los mercados automotriz, agropecuario, pymes, inmobiliario y de préstamos personales, que en conjunto suman a más de 2 millones de clientes y una cartera de créditos superior a los 430 mil millones de pesos.

Se ha puesto como objetivo reforzar el papel interlocutor de esta agrupación con las autoridades financieras y la banca de desarrollo, a efecto de proponer ideas y acciones para que conjuntamente se agilice y atienda con mayor eficiencia la demanda de crédito por parte del sector empresarial, lo que es indispensable en el actual periodo de reactivación económica del país.

Plataforma de Educación Financiera

Por cierto, la AMFE puso en operación su Plataforma Integral de Educación de Financiera de libre acceso en el sitio www.amfe.com.mx con la que desde cualquier computadora, tableta o teléfono móvil, se información, consejos y tips sobre cómo realizar un presupuesto y obtener un mejor rendimiento y uso del ahorro, el crédito, la inversión, los seguros y los productos para el retiro.

Para esto recibió el respaldo técnico y visto bueno de la Condusef, en particular del director de Educación Financiera, Wilfrido Perea.

“La idea es que las familias mexicanas protejan y optimicen mejor sus recursos económicos a través de un mayor conocimiento de los productos y servicios que ofrecen las empresas financieras mexicanas”, sostuvo Bojórquez.