Miscelánea, salud y política Judith Álamo López

Ahora, el gobierno de Claudia Sheinbaum junto con una mayoría legislativa oficialista dirigen su frenesí reformador a desaparecer al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) amenazando el acceso ciudadano a la información pública que deben rendir los gobernantes en regímenes democráticos y parte fundamental del Estado de derecho.

Apenas llevamos 16 días del nuevo gobierno –que por cierto aún no da cuenta de su propia identidad– y con prisa y sin pausa la mandataria opera con diligencia junto con “la mayoría legislativa oficialista” para que se haga realidad el anhelado Plan “C “del expresidente López Obrador: comenzó por la militarización de pleno a la Guardia Nacional, y la elección de representantes del Poder Judicial de la Federación (PJF).

Sheinbaum asegura en sus “Mañaneras del pueblo” que la reforma busca dotar al Poder Judicial de mayor autonomía y eliminar la corrupción, y repite en cualquier tribuna, recordando sus viejos tiempos de activista en el CEU, a mano alzada: “Con el pueblo todo, sin el pueblo nada”, pero las reformas no conseguirán ese propósito, por el contrario.

A funcionarios de un Poder Autónomo –magistrados y jueces– todos profesionales de carrera, los denostó la mayoría oficialista del Poder Legislativo, montando para ello un espectáculo grotesco, indigno, en el Senado de la República para, entre risas y chacota, rifar 464 magistraturas y 386 juzgados federales, puestos que serán ocupados por quienes ganen las elecciones de junio de 2025. Al mismo tiempo, afuera de la sede senatorial, se verificaba un plantón de protesta de los trabajadores del PJF.

Se anunció que los partidos de oposición estarían ausentes en la sesión de insaculación del sábado 12 de octubre, pero la bancada del PRI encabezada por Alejandro Moreno y Carolina Viggiano, anunciaron la víspera que ellos sí asistirían y sospechosamente llegaron a tiempo para hacer el quorum necesario y poder arrancar la sesión, a las 9:47 horas (con 66 asistentes), que dizque para vigilar que Morena no hiciera trampa. Aquí se aplica el dicho: “Crea fama y échate a dormir”.

Sin oposición valiente y certera que dé la cara, que haga oir la voz de quienes no son morenistas, arrancó el gobierno de Claudia Sheinbaum –acallaron a todos con un acuerdo parlamentario– en  aquella sesión del 1 de octubre, la cual pasará a la historia no sólo porque llegó una mujer a la Presidencia de la República, sino por el tributo rendido a su amado líder y preceptor, quien le dejó de testamento póstumo realizar una veintena de reformas para llevar al país a un régimen autocrático.

El Poder Presidencial, ya de por sí excesivo en México, emergerá como un monstruo de siete cabezas, ya sin los contrapesos de un Poder Judicial independiente, ni la obligación de transparentar sus actos y rendir cuentas a cargo de organismos autónomos como el INAI, el cual se sumará a otros nueve que nacieron para evitar abusos de poder y que hoy están en el Congreso sentenciados a muerte “por razones de austeridad”, sus funciones pasarán a dependencias gubernamentales, sin autonomía en la toma de decisiones, como antes del llamado proceso democratizador iniciado en el año 2000.

En esta regresión incluimos al Instituto Nacional Electoral, que  fue intervenido con Guadalupe Taddei, como consejera presidenta, quien ha demostrado fehacientemente su proclividad al oficialismo, y a quien ahora se  le quiere dotar de poderes para que nombre a los funcionarios de los órganos directivos, sin recurrir a las fórmulas existentes que garantizan integración de juntas directivas democráticas. Todo encaminado a lograr el control político de los procesos electorales.

 La transición por el cambio de gobierno, ese periodo de oportunidad sexenal que abría un compás de esperanza porque llegaría un nuevo líder capaz de enmendar los yerros, corregir el rumbo, parece cancelado, y no es que Claudia Sheinbaum no lo hubiera anunciado, había una resistencia inconsciente, una  ilusión de que por tratarse de una mujer instruida, científica universitaria, detendría la sinrazón de la  destrucción institucional anunciada por su antecesor.

Pero no ha sido así, pese a las promesas de que habrá certidumbre jurídica para inversionistas y empresarios, como pocos legisladores leen las iniciativas y los coordinadores de bancadas y comisiones que las “analizan” para dictaminarlas no se atreven a contrariar al jefe de jefes con correcciones, la aplanadora oficialista las aprueba con errores garrafales –duplicidades, contrasentidos, lagunas, etcétera–  incluidos desde el origen en las propuestas presidenciales, realizadas al vapor con un sólo fin: hacerse de todo el poder.

La presidenta que se comprometió a gobernar para todos los mexicanos, a la fecha se ha negado a reunirse con opositores, sólo escucha la voluntad de los morenistas, cuyos votos obtenidos el pasado 2 de junio representan sólo la cuarta parte de la población nacional; ella, quien al rendir protesta aseguró a las mujeres: “No llego sola, llegamos todas”, no da visos aún de querer cumplir sus promesas.

Lejos de eso, preocupa que parece disfrutar del proceso de destrucción institucional con actitudes y pullas similares a las de su predecesor al referirse a los juzgadores, por ejemplo. Hasta ha dejado de condenar y ordenar se atiendan a familiares de crímenes de personas inocentes ajusticiados por militares.