El diputado Óscar de Jesús Almaraz Smer (PAN) propuso reformar el Código Penal Federal con el objetivo de que toda muerte de una mujer con indicios de violencia sea investigada desde un inicio como feminicidio, incluyendo los aparentes suicidios, para descartar que no existan razones de género en la comisión de éste.

Agrega que al servidor público que, “por acción u omisión, o abuso de autoridad” retarde o entorpezca maliciosamente la procuración o administración de justicia, “minimice o justifique los hechos de violencia por influencia de algún estereotipo de género discriminatorio hacia las mujeres”, se le impondrá pena de prisión de cuatro a ocho años y de quinientos a mil quinientos días multa, además será destituido e inhabilitado de cinco a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

La iniciativa, que reforma al artículo 325 de dicho ordenamiento legal, fue remitida a la Comisión de Justica para su análisis y dictamen.

En la exposición de motivos resalta que en México sólo uno de cada cinco feminicidios se juzga. Sostiene que la corrupción y la impunidad son responsables de que a las mujeres las asesinen de manera brutal, que los agresores queden libres y que no exista justicia para las familias.

Expone que en 2022 se registraron 968 feminicidios, esto es 2.6 por día; las víctimas del homicidio doloso aumentaron 2.1 por ciento al pasar de 2 mil 749 en 2021 a 2 mil 807 en 2022. Con relación al homicidio culposo el año pasado se reportaron 3 mil 892 muertes, que representan un incremento del 18.5 por ciento en comparación con las 3 mil 284 víctimas de 2021.

Refiere que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en 2021, de las 50.5 millones de mujeres de 15 años y más, el 70.1 por ciento experimentó por lo menos una situación de violencia que puede ser desde la psicológica, económica, patrimonial, física, sexual o discriminatoria.

La violencia psicológica, agrega, es la que mayor presencia tuvo, (51.6 por ciento), le siguió la sexual (49.7 por ciento), la física (34.7 por ciento) y la económica, patrimonial y/o discriminación (27.4 por ciento).

 Considera que debido a estos porcentajes de violencia que sufren las mujeres, se deben tomar medidas y acciones que las protejan, para que puedan vivir en paz y con seguridad y no porque sean mujeres alguien les hará daño.