Miscelánea, salud y política

 Judith Álamo López

Brutal despliegue de violencia vive el país. Sólo para ejemplificar en este fin de semana se focalizan dos de una decena de eventos sangrientos: al norte. Nuevo León amaneció el miércoles con 12 cuerpos desmembrados y tirados en la vía pública en hieleras y bolsas de plástico en al menos cinco municipios de la Zona Metropolitana de Monterrey.

Mientras en la zona serrana y limítrofe del sur, en Chiapas, en Frontera Comalapa, habitantes aplaudieron el ingreso armado del Cartel de Sinaloa, a 70 kilómetros de distancia, miles de pobladores de Siltepec, se manifestaron para pedir a gritos “¡Paz, paz…!” y dejar de ser rehenes de los cárteles Jalisco Nueva Generación y Sinaloa.

¿El gobierno qué está haciendo? ¿Qué pasa con la estrategia militar para detener el despliegue de los grupos delincuenciales en más territorios del país? El crimen organizado sigue tan campante aterrorizando con luchas intestinas, homicidios y secuestros de lugareños, cobros de cuotas por derechos de piso, de comercio.

Sobre el tema el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su cada vez más aberrante conferencia mañanera, repite como tarabilla: “en mi gobierno ni masacres ni torturas, eso fue en el pasado…” Pero la organización ciudadana Causa en Común A.C. registró 267 masacres sólo en los primeros siete meses de 2023, y ha acusado al mandatario de ocultar la realidad y distraer la atención de los hechos violentos que se registran en el país.

AMLO señala a sus adversarios “conservadores” de exagerar, si bien reconoce la existencia de criminales en la zona fronteriza de Chiapas, dice que se trata de una de las entidades con menos violencia, y muestra una gráfica que la colocan en el lugar 26 en índice de homicidios. Imagínese, si no le toca sufrirlo, cómo están las más violentas. El territorio se ha convertido en zona minada y el jefe del Ejecutivo como pirado.

La seguridad pública es un rubro en el que el gobierno de la 4T ha fracasado a juicio de investigadores como Carlos A. Pérez Ricard, investigador del CIDE, quien así lo señala “si lo medimos por las expectativas creadas”, aunque podría matizarse si se toman en consideración los 12 años de descomposición institucional heredada.

Lo peor, señala, fue la militarización de la seguridad pública, un proceso de altísimo costo que reconfiguró la naturaleza del Estado mexicano “y no para bien… deshacer ese entuerto será casi imposible para el próximo presidente o presidenta de México”.

La falta de políticas públicas adecuadas para la compleja realidad que enfrenta el país es un rasgo distintivo del gobierno de AMLO. La política migratoria no es indiferente, coinciden estudiosos en señalar la insuficiencia y omisión gubernamental frente a un problema que crece cada día, y el cual es confrontado por las autoridades mexicanas con violaciones constantes a los derechos humanos de los migrantes.

Otro fracaso en el tratamiento debido a la persistencia en mantener al frente del INM a una persona totalmente cuestionable como Francisco Garduño, pese a la tragedia ocurrida en una estación migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua por supuesta negligencia.

Hasta hoy el funcionario amigo del presidente López Obrador ha enfrentado en libertad un juicio “por ejercicio indebido del servicio público”, eludiendo la presunta responsabilidad por el homicidio de 40 migrantes y lesiones de casi tres decenas, así como las obligaciones de reparación del daño respectivas.

México mantiene una relación compleja con los Estados Unidos de América debido a que nuestro vecino por muchas décadas, desde 1960, según datos de la ONU, ha sido el principal país de destino de migrantes internacionales en todo mundo. El paso obligado hacia territorio americano es México, que también suma a los flujos migratorios connacionales que buscan empleo y lograr “el sueño americano”.

En 2020 un total de 50 millones de migrantes se encontraban viviendo en EEUU, provenientes principalmente de América Latina y el Caribe (25.4 millones, o sea el 43.2% de la población migrante total), seguido de Asia (17.55 millones, o 29.9%), Europa (6.87 millones, o 11.7%) y África (327 millones, o 5.6%).

La migración irregular hacia el norte. luego de la pandemia de Covid-19 ha crecido de forma incontrolable debido a las crisis económicas y políticas en muchas naciones del mundo aprovechada por los traficantes de migrantes — “polleros”– quienes se aprovechan de la necesidad y dejan varadas a familias completas en territorio mexicano, algunas veces en zonas controladas por el crimen organizado. 

México se encuentra rebasado para controlar las caravanas de migrantes, cumplir los acuerdos con EEUU respecto a controles policiacos; evitar accidentes en transportes ferroviarios y terrestres que usan como polizones para cruzar el territorio nacional; con insuficientes albergues y centros migratorios en las zonas fronterizas, donde la mayoría de los que logran llegar serán deportados a sus lugares de origen. Otros intentarán cruzar pese a las cercas de alambre con púas.

El martes 26 de septiembre se cumplieron nueve años de una pesadilla sin fin para los familiares de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. El presidente incumple con su promesa de esclarecer el caso, aún de desconocer dónde están. Como candidato López Obrador acusó al Estado y al Ejército del crimen.

El presidente ya en funciones se dedicó a militarizar al país dándoles cientos de nuevas atribuciones, y ahora los familiares acusan al presidente de proteger a los mandos militares quienes se niegan a dar información que según el Grupo de Investigadores Internacionales (GIEI) podría inculparlos y aclarar el caso. 

Dice el mandatario tabasqueño respecto a la marcha de protesta encabezada por los familiares de los estudiantes, con la asistencia de sobrevivientes y población solidaria: “los padres y las madres de los 43 normalistas tienen todo el derecho a inconformarse: Independientemente si nos creen o no.…”. Faltaba más.

El periodista John Gibler de @quintoelab, publicó hoy un reportaje sobre cómo el gobierno de la 4T de López Obrador dinamitó la investigación, revela en una entrevista con Omar Gómez Trejo, ex fiscal del caso, ahora refugiado en Estados Unidos, que en 2022 se canceló la detención de los 22 militares implicados en el caso como parte de un acuerdo para proteger a las Fuerzas Armadas.

El acuerdo concitó al presidente Andrés Manuel López Obrador, al Fiscal General de la República Alejandro Gertz Manero; el secretario de Gobernación, Adán Augusto López; al subsecretario Alejandro Encinas y el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar. Concluyeron que había que juzgar a Murillo Karam y a cinco militares, excluyendo a 15 oficiales.

¿A quién se encubre?  Nombres como del subsecretario de Gobierno Luis Miranda, subsecretario de Peña; Tomás Zerón, jefe de la Agencia de Investigación Criminal de México, ahora en Israel; de Humberto Castillejos, exconsejero Jurídico del presidente Enrique Peña Nieto; los extitulares de la Defensa Nacional, General Salvador Cienfuegos Zepeda y de Marina, Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, son algunos de los mencionados como presuntos implicados en el encubrimiento de los hechos en Ayotzinapa.

Lo cierto es que la “verdad histórica” del exprocurador Jesús Murillo Karam se asemeja a la verdad histórica del Gobierno de López Obrador, lo cual me recordó que hace un año el sacerdote jesuita David Fernández Dávalos, exdirector del Centro Miguel Agustín Pro, comentó: “la verdad de crímenes como el de Ayotzinapa saldrá a la luz cuando dejen de detentar el poder los presuntos responsables”.