La diputada María del Rocío Corona Nakamura, del PVEM, impulsa iniciativa que reforma los artículos 7 y 130 de la Ley General de Educación, a fin de prohibir el cobro, cuota o aportación económica voluntaria, que impida o condicione la prestación de este servicio en la educación que imparta el Estado.

La propuesta, turnada a la Comisión de Educación, también establece que no se podrá condicionar la inscripción, el acceso a los planteles, la aplicación de evaluaciones o exámenes, la entrega de documentación a los educandos al pago de contraprestación.

Refiere que la educación es necesaria para alcanzar mejores niveles de bienestar social y de crecimiento económico, a fin de equilibrar las desigualdades económicas y sociales y propiciar la movilidad social de las personas.

Asimismo, permite acceder a mejores niveles de empleo, elevar las condiciones culturales de la población, ampliar las oportunidades de los jóvenes, vigorizar los valores cívicos y laicos que fortalecen las relaciones de las sociedades, el avance democrático y el fortalecimiento del Estado de derecho para el impulso de la ciencia, la tecnología y la innovación.

La diputada Corona Nakamura sostiene en su iniciativa que de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo (Coneval), una persona se encuentra en condición de rezago educativo si no cuenta con el nivel de educación obligatoria vigente al momento en que debía haberla cursado.

Bajo esta concepción, detalla que tan sólo en 2020, al menos 19.2 por ciento de la población nacional se encuentra en esta condición, según cifras dadas a conocer en la Medición Multidimensional de la Pobreza.

Además, señala que el 12.3 por ciento de la población entre 3 y 17 años de edad se encuentra en situación de rezago educativo y existen por lo menos cinco millones 316 mil 787 de niñas, niños y adolescentes en este rango de edad que no asisten a la escuela.

Menciona que en marzo del año pasado el Inegi reportó que al menos 2.3 millones de estudiantes no se inscribieron a su escuela por motivos relacionados a la pandemia del Covid-19 y cerca de 2.9 millones no se reinscribieron por falta de recursos.

Ante este panorama, la diputada considera la necesidad de evitar la indebida solicitud de aportaciones voluntarias a diversos conceptos y que se condicione algún otro servicio u obtención de documentos a la entrega de esa aportación por parte de los padres de familia.

“Se trata de eliminar esta práctica tan recurrente, nociva y perjudicial dadas las condiciones de rezago educativo y de deserción escolar prevaleciente en el país, las cuales van en contra de las familias de menores recursos, que día con día luchan para poder enviar a sus hijos e hijas a la escuela a recibir una formación académica para que aspiren y obtengan una mejor condición de vida”, enfatiza.