Aunque la sentencia puede ser apelada.

El pasado 27 de mayo, el juez ya había suspendido provisionalmente las corridas mientras escuchaban los argumentos y pruebas de las partes para tomar una resolución de fondo.

En respuesta, la empresa dijo que “diferirá la celebración de las corridas y novilladas programadas, y que continuará con la defensa legal de lo que llamó las costumbres y tradiciones mexicanas”.

La siguiente actividad que se iba a celebrar en el recinto estaba programada para el 2 de julio. Ese día se llevaría a cabo en los alrededores del escenario la primera «pamplonada» de la capital, tradición española en la que se cierran calles y sueltan astados para lidiarlos.

La decisión aún puede ser impugnada por los organizadores de los espectáculos, aunque el tribunal podría tardar varios meses en decidir sobre esos recursos.

Distintas organizaciones civiles han promovido a lo largo de los años acciones legales para que se prohíban las corridas, una tradición de 500 años en México, aunque no habían tenido éxito.

En diciembre pasado, el Congreso capitalino se pronunció a favor de prohibir la fiesta brava, pero falta una votación en el pleno para que la medida quede en firme. En tanto, el Legislativo abrió un diálogo con los implicados.

La Plaza México es la más grande del mundo, con capacidad para 50.000 espectadores, y tradicionalmente ha sido espacio de reunión de figuras públicas.

Los impulsores de la prohibición reclaman que la ley trata a los toros como «cosas» e ignora el sufrimiento animal.

La actividad taurina tiene valor económico de la industria, que en 2018 movió 343 millones de dólares, creando unos 80.000 empleos directos y 146.000 indirectos, según los más recientes datos oficiales disponibles.

En México cinco de 32 estados han prohibido los espectáculos taurinos.