• SFP y Sader, acusan; agrónomo se defiende
• ¡Ya basta!, a satanización oficial contra luchadores sociales y agrarios

Por Guillermo Pimentel Balderas

Al parecer, el Presidente Andrés Manuel López Obrador quiso decir: ¡Ya basta!, ¡Ya chocan!,  al querer suavizar su enojo con un “Ya chole” tras para defender a Félix Salgado Macedonio. También, afirma el Mandatario que está en contra de los linchamientos políticos y harto de la politiquería; entonces, tendrá que decirle a su secretaria de la Función Pública (SFP) -Eréndira Sandoval-, y a su secretario de Agricultura (Sader) -Víctor Villalobos-, dejen de hacerlo. ¿“Ya chole” a críticas a candidatos morenistas? Entonces, ¿por qué no, también, contra la satanización de los luchadores sociales y agrarios por medio de boletines oficiales?

Según estas dependencias, se han encontrado ilícitos en administraciones pasadas, y la SFP se ha encargada de difundir boletines de prensa, muchos de ellos, con base en informes o reportes de sus pares, en este caso, de la que se hace cargo del sector agropecuario.

Relata el comunicado oficial (009/2021), fechado en la Ciudad de México, el 10 de febrero de 2021, con un encabezado muy atractivo: “Secretaria Sandoval Ballesteros anuncia sanción millonaria por malos manejos de recursos para el campo en 2016”. Con sumarios: “la resolución es una evidencia más del sólido trabajo para no permitir la impunidad en los malos manejos de los recursos públicos”; “la sanción consiste en la inhabilitación por 10 años y multa resarcitoria por más de 57 millones al ex delegado federal de la entonces Sagarpa en Chiapas”. Y, “el Tribunal Federal de Justicia Administrativa confirmó la sanción impuesta por el Órgano Interno de Control en Sader”.

Por si fuera poco, la señora Sandoval puntualiza que, “se consiguió confirmar la sanción que se impuso a un ex delegado federal en Chiapas de la entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) por irregularidades detectadas en la operación del Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol (PIMAF) en el año 2016”.

La secretaria manifiesta que, “la Función Pública tiene la firme convicción de defender la legalidad de sus resoluciones en todas las instancias correspondientes. He instruido a las áreas sancionatorias y legales aplicar el máximo esfuerzo en hacer valer las sanciones determinadas”.

Que, “la resolución que estamos informando es una evidencia más del sólido trabajo que estamos realizando para no permitir la impunidad en los malos manejos de los recursos públicos, sobre todo en un área tan afectada por el régimen neoliberal como el campo. De esta manera contribuimos a su rescate”.

Que, “las irregularidades fueron detectadas en una auditoría realizada por el Órgano Interno de Control (OIC) en la hoy Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader)  tras la correspondiente investigación determinó que se había realizado una dispersión indebida de recursos a beneficiarios del PIMAF”.

Que, “por tal razón, el OIC en Sader le impuso al ex funcionario, en diciembre de 2019, una inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por un plazo de diez años y una multa resarcitoria por 57 millones 192 mil pesos”.

Que, en 2020 la persona sancionada inició un juicio de nulidad ante la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) que preside el Rafael Anzures Uribe y que, sin embargo, “dicha instancia, concedió la razón a la Secretaría de la Función Pública, al reconocer la validez de la sanción y emitir la sentencia definitiva”.

Y, va lo político –entrada la temporada electoral-: “En el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de la Función Pública ha impulsado una fiscalización efectiva, que sanciona cualquier irregularidad y recupera los recursos públicos en beneficio del pueblo”.

Sandoval miente

Pero, da la casualidad de que, de acuerdo al derecho de réplica que tiene cualquier ciudadano, el Dr. Cruz Alberto Uc Hernández convocó a una conferencia de prensa en San Francisco de Campeche, donde dio a conocer su pocesionamiento, su versión (sus otros datos) con relación a la acusación de la funcionaria de la 4T que hizo por medio de un boletín oficial, basada en una investigación de Rosa Chávez Aguilar en la Sader que encabeza Víctor Villalobos.

Para empezar, el agraviado afirma que tomó protesta como delegado de SAGARPA en Chiapas en enero de 2017 y que el programa al que hace referencia la funcionaria corresponde al ejercicio fiscal 2016.

Así es que, la operación del programa que consistió en la publicación de las reglas de operación, apertura, recepción de solicitudes, cierre de ventanillas, dictaminación de las solicitudes positivas, su publicación y ejecución del mismo, fue responsabilidad de los funcionarios que en ese entonces estaban a cargo de la delegación de la extinta SAGARPA en Chiapas y de los funcionarios adscritos a las oficinas centrales (en la Ciudad de México) de la misma Secretaria.

Es decir, aclara, la recepción de las solicitudes y por consiguiente la integración de los expedientes, su custodia y conservación de los expedientes, hasta por cinco años como lo establece la normatividad aplicable, le correspondió a los funcionarios de la Delegación y en particular a los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural y Distritos, que fungían como tales en el año 2016 y “no a los funcionarios que tuvimos la honrosa distinción de atender a los productores y en particular a los pequeños  productores del Estado de Chiapas, con el auxilio de las organizaciones a las que pertenecían en aquel momento”.

También, afirma el susodicho que, “desconozco las acciones que haya realizado el Tribunal Federal de Justicia Administrativa al que hace referencia la secretaria lrma Eréndira Sandoval Ballesteros, ya que en ningún momento he recibido notificación de dicha instancia. Como no recibí notificación de forma oficial del Tribunal se configura una laguna legal en el proceso”.

El profesionista de la agronomía aduce: “Sin perjuicio de realizar las acciones legales conducentes a la que la constitución y las leyes aplicables le dan derecho y dado que es de interés público que el servicio público se realice con honestidad y pericia para no entorpecer la dispersión de los recursos fiscales a quienes el estado mexicano determinó, con derechos a los apoyos del gobierno en turno y que, ciertamente el combate a la corrupción debe ser sancionado, en el marco de la ley y en congruencia con los preceptos de imparcialidad, certeza y legalidad que debe prevalecer en cualquier actuación de las autoridades correspondientes”.

En este contexto, Uc Hernández solicito al ciudadano Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, “tome carta en el asunto para dar certeza, legalidad e imparcialidad a las actuaciones de los funcionarios que deban intervenir en el ámbito de sus respectivas competencias, en este asunto que se me involucra de manera indebida por falta de motivación en el proceso”.

Mensaje a militantes y simpatizantes de PFM

El Doctor en Economía Agrícola es precandidato para la gubernatura de Campeche por el Partido Fuerza México. Inició una grandiosa etapa en la vida política y democrática de su entidad, y con el consenso de quienes aspiran legítimamente a la candidatura a dirigir los destinos de este maravilloso Estado, “los tres aspirantes comenzamos la ruta para definir el candidato. Coincidimos en rescatar el gobierno, para beneficio del pueblo que tradicionalmente ha sido marginado de las decisiones fundamentales. Seguiré recorriendo nuestra entidad buscando a los mejores hombres y mujeres que acepten el reto de cambiar la forma de gobernar.

Remató: “A partir de hoy, con el acuerdo de la Dirigencia Estatal y del Delegado Nacional del Partido Fuerza por México, soy aspirante a la candidatura a Gobernador. Agradezco la confianza que nos dan para participar en este trascendente proceso electoral, donde está de por medio el futuro de los Campechanos.

Pero, que no se toque a Layda Sansores, a Félix Salgado Macedonio, a Carlos Madrazo, a Víctor Romo, a David Monreal, a Dolores Padierna, etcétera; porque es un linchamiento político; porque es politiquería; porque “Ya chole”.

Entonces, la pregunta es: ¿sólo la 4T puede hacer linchamientos políticos y politiquería? Digo, es pregunta. Y, “Ya chole” contra luchadores sociales y agrarios; ¿no?