SAN SALVADOR, El Salvador — Un árbol de mango junto a una calle adormecida en el departamento de Morazán, El Salvador, marca el lugar donde decenas de familiares de María del Rosario están enterrados en fosas comunes.

Fueron mutilados y asesinados en la guerra civil del país hace 41 años.

“Nunca encontramos a algunos”, dijo, mientras miraba las fotos desgastadas por el tiempo, colgadas en la pared de su casa de cemento.

La brutal guerra civil duró 12 años, cobró 75 mil vidas y desplazó a 300 mil personas.

Del Rosario, de 77 años, y muchos otros todavía esperan justicia y rendición de cuentas.

En 1992, se firmaron acuerdos de paz entre el gobierno y la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que después se convirtió en partido político.

La Comisión de la Verdad de la ONU informó en 1992: “Entre más de 22 mil denuncias documentadas, el 60 por ciento involucró ejecuciones extrajudiciales, el 25 por ciento desaparición, el 20 por ciento tortura, y otras denunciaron más de una forma de violencia.

“Con base en los testimonios recolectados, la comisión atribuyó el 85 por ciento de los hechos de violencia a agentes del Estado, hechos que ocurrieron predominantemente en áreas rurales”, dice el informe. “Solo alrededor de 5 por ciento de los actos de violencia fueron atribuidos al FMLN”.

Asesinatos en la región agrícola

Del Rosario dijo que durante la guerra civil los insurgentes acudían constantemente a su puerta para exigir maíz, frijoles y pan. No pudo alimentar a sus propios hijos pequeños, pero hizo todo lo que le pidieron.

Un domingo por la mañana, cuando se había ido a un pueblo cercano para ver a su familia, y su esposo se había ido a bañar al río, los guerrilleros irrumpieron en su casa y se llevaron a su hijo Eugenio, de 14 años, al campo de entrenamiento.

“Dejé todas mis cosas y corrí por él”, dijo del Rosario. “Le rogué al comandante. Le recordé cómo les había dado comida cuando yo misma no tenía para que no se llevaran a mi único hijo. Pero (el comandante) me dijo que Eugenio no podía salir [del campo de entrenamiento]; que las guerras no se ganan con pan y maíz”.

Eugenio sobrevivió seis años de los combates más duros antes de que lo mataran. Del Rosario sufrió varios abortos espontáneos a medida que se desataban los enfrentamientos, incluido uno cuando el embarazo casi había llegado a término. Mientras estaba escondida en una clínica en la montaña, cuando el bebé nació muerto, su pueblo, El Mozote, y los cantones aledaños fueron prácticamente destruidos.

En diciembre de 1981, una unidad del ejército salvadoreño irrumpió en el pueblo y exigió que todos se unieran a la resistencia. Durante tres días violaron a mujeres y niñas, masacraron a más de mil personas y quemaron los cuerpos de los muertos. Más de la mitad de los muertos eran niños.

Apenas pudo caminar, pero del Rosario cojeó hasta el pueblo. Allí vio a soldados cerca del árbol de mango y los restos carbonizados de los cuerpos, jóvenes y viejos. Percibió los olores de la carne y las casas quemadas y escuchó los gritos de los niños que lloraban.

Una semana más tarde, ella junto con su esposo encontraron los restos en descomposición de su cuñada: tenía el vestido por encima de la cabeza, lo que sirvió de testimonio grotesco de la agresión sexual que había sufrido antes de ser asesinada.

“Cuando empezamos a enterrar a los muertos, encontré la cabeza de mi madre … Pero me enorgullece decir que viví toda la guerra aquí; que nunca me fui”.

Poco ha hecho el sistema de justicia

Una ley de amnistía iniciada en El Salvador en 1993 fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de El Salvador en 2016, lo que permitió al gobierno enjuiciar a los criminales de guerra.

En 2017, 18 militares fueron acusados de orquestar torturas, violaciones, asesinatos y desapariciones forzadas. A partir de mayo de este año, las audiencias del juicio están en marcha. El testimonio incluye información sobre la responsabilidad de mando del ejército salvadoreño e información sobre la participación de tropas de una unidad entrenada por Estados Unidos, el Batallón Atlácatl.

Una sensación de consuelo

A pesar de las tumbas que puntean los cerros, de los testimonios dolidos de decenas de sobrevivientes y de las fotografías de cuerpos desmembrados, del Rosario ha encontrado algo de consuelo al ser una de las personas de su comunidad que testifican sobre lo ocurrido durante la guerra civil.

Ha viajado varias veces a Ecuador, donde se llevan a cabo los juicios, e incluso se enfrentó a algunos de los militares acusados de cometer crímenes.

“Sufrí de ambos lados en este conflicto”, dijo. “Nadie ha sido responsabilizado nunca.

“Queremos justicia. No nos detendremos hasta que sean castigados y obtengan lo que merecen”.

Traducción de Yerem Mújica; editado por Yerem Mújica y Melanie Slone