Miscelánea, salud y política Judith Álamo López

Grave error cometió la autoridad gubernamental al tratar de negar el sensible problema de desapariciones forzadas sistemáticas y generalizadas que enfrenta México, con más de 127 mil desapariciones acumuladas desde que comenzaron a contarse. La mitad de ellas durante los 6 años y medio de la llamada Cuarta Transformación y su política fallida de Abrazos no balazos.

 Los colectivos de buscadores de familiares desaparecidos no acababan de celebrar que se les hubieran abierto las puertas de Gobernación, cuando volvieron a revictimizarlos con sendas declaraciones de Presidencia, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, del Senado, de la Cámara de Diputados y de Morena, quienes en forma airada negaron la existencia de ese crimen de lesa humanidad.

El senador Gerardo Fernández Noroña acusó de faccioso y atrabiliario al presidente del Comité contra la desaparición forzada de la ONU, Olivier de Frouville. Dicho Comité abrió el pasado 4 de abril un procedimiento para analizar las desapariciones forzadas que ocurren “de manera generalizada o sistemática” en México.

El senador morenista acusó al presidente del Comité de ser el autor y pidió su destitución, con el apoyo del grupo oficialista en el Senado de la República, pero los expertos en estos temas saben que nada se hizo a título personal y que fueron los integrantes del Comité quienes emitieron dicha resolución.

El procedimiento inédito que se fundamenta en el artículo 34 de la Convención Internacional en contra las desapariciones forzadas, fue interpretado por analistas como una oportunidad para recibir apoyo científico y técnico para combatir este lacerante crimen que es necesario atender y registrar conforme a protocolos internacionales.

Consideraron un error decir que esta problemática no está ocurriendo, pues eso sólo demuestra negación, ignorancia y soberbia que nos asemeja a las dictaduras. Es recomendable que el gobierno mexicano corrija.

Otra fecha fatídica se acerca, faltan menos de dos meses para consumar el asalto al Poder Judicial de la Federación, mediante una elección promovida por Andrés Manuel López Obrador con el argumento de acabar con la corrupción, pero que en el fondo esconde la ambición de darle al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) el respaldo judicial, incondicional y necesario para preservarlo en el poder.

La elección del domingo 1 de junio será la más grande de la historia: sólo a nivel federal se elegirán 881 cargos, sin contar las elecciones en 19 estados del país para renovar el poder judicial local.

Se elegirán 9 ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); 2 magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); 15 magistraturas de las Salas Regionales del TEPJF; 5 magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial; 464 magistraturas de Circuito y 386 juezas y jueces de Distrito. Además de la complejidad de entregar 6 boletas con decenas de nombres más las correspondientes a elecciones locales, si es el caso, los juristas advierten sobre los riesgos de realizar una elección popular que no garantiza que lleguen los mejores perfiles.

Llegarán juzgadores que representen las mayorías, quienes logren conseguir el apoyo de organizaciones gubernamentales y movimientos sociales y por tanto adquirirán compromisos políticos que tendrán que “pagar” con resoluciones favorables.

El abogado Emilio Rabasa en su libro La Constitución y la Dictadura, escrito en 1912, se manifestaba desde entonces en contra de la elección popular, “los magistrados no pueden, sin prostituir la justicia, ser representantes de nadie ni expresar ni seguir voluntad ajena ni propia.

En los puestos de carácter político, la lealtad de partido es una virtud; en el cargo de magistrado es un vicio degradante, indigno de un hombre de bien”. Cierto que existen dudas sobre si la presidenta hubiera deseado imponer de forma prioritaria y acelerada la reforma al Poder Judicial como está ocurriendo, tampoco hay indicios de que ese cambio sustancial promovido por los coordinadores de las mayorías morenistas en el Congreso, le genere preocupación alguna.

Este miércoles en la sección Detector de Mentiras de la mañanera, la jefa del Ejecutivo aseguró que “la elección judicial no implica una reestructuración fiscal o monetaria, por lo que no genera incertidumbre en los criterios que generan inversión en el país”. ¿Será?

Cuando haya diferendos por parte de inversionistas extranjeros ¿cree usted que algún juzgador podría dictaminar en contra de un gobierno que dinamitó la carrera judicial y despidió a los mejores para impulsar a sus partidarios? Esa posibilidad frenará, sin duda, a inversionistas previsores.

Aunque la vecindad con el mercado estadounidense sigue jugando a favor de México, las amenazas arancelarias de Trump en contra, han mantenido a nuestro país en el lugar 25 entre 25 economías, cuatro posiciones por debajo del sitio alcanzado en 2024 (Kearney México).

Ya existen ejemplos de cómo se dejan pasar infracciones a partidarios, como es el caso de las tres ministras Yazmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres quienes perdieron su calidad ética de autonomía e imparcialidad a que estaban obligadas como integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Hasta ahora la “no plagiaria”, “la chulada de mujer” y “la ministra del pueblo” han gozado de la protección gubernamental para realizar actos anticipados de campaña por la presidencia de la SCJN, a la que han invitado a organizaciones y movimientos sociales. Cierto que en la elección del 1 de junio habrá un grupo de juzgadores que sí proceden del Poder Judicial y han hecho carrera profesional, pero la nueva conformación sólo los incluyó como excepción a la regla. La mayoría cuenta con el aval de grupos de poder de Morena.